PRÓXIMAMENTE EN EL NOROESTE,
FORO: CRISIS ECONÓMICA Y DEMOCRACIA.
Hermosillo, Sonora. Martes 8 de septiembre.- Radio Bemba, 95.5 FM. Programa radiofónico dirigido por José Luis Jara. “Tenemos invitados el día de hoy, nos acompaña en cabina la Lic. Adriana Argudín Palavicini, presidenta de la Agrupación Política Nacional “Humanista Demócrata José Ma. Luis Mora”, que nos platicará acerca de un evento que esta agrupación llevará a cabo próximamente.
Adriana: Gracias José Luis, un saludo a su amable auditorio. En efecto, nuestra Agrupación Política Nacional llevará a cabo el Foro “Crisis Económica y Democracia” a fines del mes de octubre en esta ciudad capital, con el cual iniciaremos una gira por el Noroeste del país. José Luis Jara: ¿Quiénes pueden asistir? Adriana: La invitación está abierta a todo el público, pues tenemos mucho interés en que la ciudadanía –empleados, trabajadores, amas de casa, campesinos, estudiantes y académicos- asista y participe de manera activa en este tipo de foros, más ahora que la situación económica de cientos de miles de mexicanos ha empeorado de manera alarmante y la solución, desgraciadamente, está cada vez más lejana. Ponemos a disposición de su auditorio nuestro correo electrónico a través del cual pueden inscribirse de manera totalmente gratuita.
José Luis Jara: Como no, gracias Adriana, aquí lo tendremos a disposición.
Adriana: Por último, José Luis, quiero aprovechar su hospitalidad para manifestar nuestra solidaridad con los pobladores de Guaymas y Empalme, 200 mil damnificados –decía Usted hace un momento- por la depresión tropical “Jimena”; qué bueno que la población esté apoyando, organizando centros de acopio para ayudar en algo a sus paisanos; pero una catástrofe de tales dimensiones, tal cantidad de damnificados, sólo puede explicarse por la enorme ineficiencia de las autoridades correspondientes que, aunque vieron venir la desgracia, como siempre, no hicieron nada.
"El Sol de Tijuana" (página 6A).-15septiembre.- Organiza la Asociación Política Humanista foro sobre “Crisis Económica y Democracia”. Los integrantes de la Asociación Política Humanista-Democrática José Ma. Luis Mora, realizarán el foro denominado “Crisis Económica y Democracia”, dirigido a todos los tijuanenses que estén interesados en integrarse a la asociación. Adriana Argudín, presidenta de la Asociación, informo que la conferencia tendrá lugar el próximo 27 de octubre en el sindicato de Electricistas en la ciudad de Tijuana.
A siete años de habernos conformado , tenemos presencia nacional, sobre todo en el centro del país, donde los movimientos sociales tomas mas fuerza, sin embargo, buscamos un crecimiento, comentó. “Nosotros somos una asociación a nivel nacional que agrupa a mas de 20 mil personas en el Norte, Centro y sur del país, pero buscamos tener presencia en el Noroeste de la República para elevar nuestro numero de militantes”, señaló en entrevista.
La sociedad esta desilusionada de los partidos políticos, cansada de que los políticos busquen el beneficio personal y no para favorecer a quienes los eligieron, pero eso lo podemos cambiar, afirmo Adriana Argudín.
Los políticos deberían ser personas honradas, que busquen el bienestar de quienes los eligió, no solamente de ellos y de las personas allegadas a ellos, nosotros promovemos un cambio a favor de los gobernados, añadió.
En los doce estados que tenemos presencia tenemos buena aceptación, pues nuestra membrecía creció de manera importante, razón por la que decidimos buscra nuevos integrantes en Baja California.
La participación de los ciudadanos es fundamental para hacer cambiar a las apersonas que están frente a los gobiernos, y los invitamos a que se sumen a nuestro movimiento para fortalecer las redes sociales de la Asociación Política Humanista-Democrática José Ma. Luis Mora
miércoles, 23 de septiembre de 2009
EVENTOS PRÓXIMOS.
FORO: CRISIS ECONÓMICA Y DEMOCRACIA.
TIJUANA, B.C. "El Mexicano", Sección Local, página 3A. Domingo 13 de septiembre de 2009. Posibles estallidos sociales ante crisis.- En zonas urbanas del D.F., comen una vez al día. Agrupación Política Nacional Humanista Demócrata hará Foro. (Nota del reportero José Israel Ibarra González). Aunque es lo menos se busca, la posibilidad de que aparezcan estallidos sociales está latente debido a la crisis económica que vive México y la políticas gubernamentales que no resuelven los problemas de los ciudadanos, expresó Adriana Argudín Palavicini, presidenta en México de la Agrupación Política Nacional Humanista Demócrata “José María Luis Mora”.
Cabe señalar que José María Luis Mora fue un destacado intelectual y político mexicano del siglo XIX, considerado como uno de los primeros exponentes del liberalismo en México.
Durante la conferencia de prensa para dar a conocer el Foro “Crisis Económica y Democracia” que se llevará a cabo el 27 de octubre en el auditorio del Sindicato de Electricistas, comentó que ellos obtuvieron su registro ante el IFE desde 2002 y trabajan para convertirse en un partido político que represente los verdaderos intereses del pueblo, debido a que los actuales no tienen la representación.
Expuso que tienen presencia en 12 estados del Sur del país, incluido el Distrito Federal, donde está su sede, y se han dado cuenta de que en las zonas urbanas de la capital de México las personas sólo comen una vez al día, debido al alto desempleo que existe.
Explicó que el comercio ambulante ha aumentado de manera desproporcional y en el Metro ya existe una mafia de plazas para vender discos piratas, donde nadie puede meterse, una situación que se agravará cuando los burócratas comiencen a ser despedidos de las secretarías que fueron recortadas por el Ejecutivo Federal.
Indicó que todos estos temas serán los que se traten durante el Foro en Tijuana, una ciudad a la que decidieron empezar a tener presencia por su importancia política en el contexto nacional, al igual van a ir a Sonora y Sinaloa, puesto que quieren incursionar en el Noroeste del país donde no tienen presencia.
Comentó que lo que buscan es que la ciudadanía se de cuenta de que tiene derecho a una participación política, que existen leyes que la favorecen y que debe luchar por sus derechos, si no nadie se los otorgará.
Expuso que con la Reforma Electoral recortaron el presupuesto a 106 organizaciones políticas del país, de tal manera, que sólo los tres partidos en el poder se quedaron con todo, por lo que van a luchar por su posición.
Criticó también que se haya reducido el presupuesto de la UNAM en un 5 por ciento, debido a que sin educación y sin empleo, los mexicanos jóvenes no aguantarán mucho tiempo.
TIJUANA, B.C. "El Mexicano", Sección Local, página 3A. Domingo 13 de septiembre de 2009. Posibles estallidos sociales ante crisis.- En zonas urbanas del D.F., comen una vez al día. Agrupación Política Nacional Humanista Demócrata hará Foro. (Nota del reportero José Israel Ibarra González). Aunque es lo menos se busca, la posibilidad de que aparezcan estallidos sociales está latente debido a la crisis económica que vive México y la políticas gubernamentales que no resuelven los problemas de los ciudadanos, expresó Adriana Argudín Palavicini, presidenta en México de la Agrupación Política Nacional Humanista Demócrata “José María Luis Mora”.
Cabe señalar que José María Luis Mora fue un destacado intelectual y político mexicano del siglo XIX, considerado como uno de los primeros exponentes del liberalismo en México.
Durante la conferencia de prensa para dar a conocer el Foro “Crisis Económica y Democracia” que se llevará a cabo el 27 de octubre en el auditorio del Sindicato de Electricistas, comentó que ellos obtuvieron su registro ante el IFE desde 2002 y trabajan para convertirse en un partido político que represente los verdaderos intereses del pueblo, debido a que los actuales no tienen la representación.
Expuso que tienen presencia en 12 estados del Sur del país, incluido el Distrito Federal, donde está su sede, y se han dado cuenta de que en las zonas urbanas de la capital de México las personas sólo comen una vez al día, debido al alto desempleo que existe.
Explicó que el comercio ambulante ha aumentado de manera desproporcional y en el Metro ya existe una mafia de plazas para vender discos piratas, donde nadie puede meterse, una situación que se agravará cuando los burócratas comiencen a ser despedidos de las secretarías que fueron recortadas por el Ejecutivo Federal.
Indicó que todos estos temas serán los que se traten durante el Foro en Tijuana, una ciudad a la que decidieron empezar a tener presencia por su importancia política en el contexto nacional, al igual van a ir a Sonora y Sinaloa, puesto que quieren incursionar en el Noroeste del país donde no tienen presencia.
Comentó que lo que buscan es que la ciudadanía se de cuenta de que tiene derecho a una participación política, que existen leyes que la favorecen y que debe luchar por sus derechos, si no nadie se los otorgará.
Expuso que con la Reforma Electoral recortaron el presupuesto a 106 organizaciones políticas del país, de tal manera, que sólo los tres partidos en el poder se quedaron con todo, por lo que van a luchar por su posición.
Criticó también que se haya reducido el presupuesto de la UNAM en un 5 por ciento, debido a que sin educación y sin empleo, los mexicanos jóvenes no aguantarán mucho tiempo.
martes, 28 de julio de 2009
EN PUEBLA: PELIGRO INMINENTE DE REPRESIÓN
México, D. F., a 28 de julio de 2009.
Nuestra Agrupación Política Nacional, que ostenta con orgullo el nombre del ilustre mexicano José María Luís Mora, dirigente del grupo de liberales precursores de la Reforma y de la Constitución de 1857, se manifiesta en total y absoluto desacuerdo con la política de oídos sordos del Gobierno del Estado de Puebla ante las justas demandas de miles de ciudadanos que, desde el pasado 13 de mayo, se encuentran en plantón permanente a las afueras de las oficinas del gobernador en espera de ser atendidos.
Creemos que, tanto el gobernador Mario Marín como el secretario de Gobernación Mario Montero, se equivocan de cabo a rabo si creen que, por el hecho de que el Partido Revolucionario Institucional obtuvo “carro completo” en la entidad el pasado 5 de julio, ello les da derecho a incumplir con su obligación de gobernar para todos los poblanos y, peor aún, si creen que endureciendo su política ante cada protesta del pueblo pobre lograrán conservar la simpatía de los ciudadanos que recién ahora les favoreció. La inminencia de reprimir la protesta pública y pacífica de los campesinos, colonos, trabajadores y estudiantes organizados en el Movimiento Antorchista Nacional, es una posibilidad real que crece día con día y que, incluso, ha sido manejada públicamente por el propio secretario de Gobernación del gobierno de Puebla.
Por tal motivo, desde este espacio, nuestra Agrupación Política Nacional hace un llamado respetuoso pero enérgico al gobernador del estado de Puebla para que cumpla ya con todas y cada una de las promesas de obras de infraestructura social que hizo su gobierno desde hace dos años a este importante grupo de ciudadanos poblanos. De otra manera, que no se sorprenda el PRI –estatal y nacional- si en la elección de 2012 el pueblo le da la espalda. Hay que aprender de las derrotas, sí, pero también de los triunfos pues el envanecimiento y la soberbia son malos consejeros.
POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Lic. Adriana Argudín Palavicini, Daniela Cantellán Zavaleta, Brandy Felices,
Presidenta. Delegada en el estado de Puebla. Delegada en el estado de Michoacán.
Prof. Javier Montaño Vega, Raquel Martínez Hernández, Margarita de la Torre Ortega,
Delegado en el Estado de México. Delegada en el Distrito Federal. Delegada en el estado de S.L.P.
Nuestra Agrupación Política Nacional, que ostenta con orgullo el nombre del ilustre mexicano José María Luís Mora, dirigente del grupo de liberales precursores de la Reforma y de la Constitución de 1857, se manifiesta en total y absoluto desacuerdo con la política de oídos sordos del Gobierno del Estado de Puebla ante las justas demandas de miles de ciudadanos que, desde el pasado 13 de mayo, se encuentran en plantón permanente a las afueras de las oficinas del gobernador en espera de ser atendidos.
Creemos que, tanto el gobernador Mario Marín como el secretario de Gobernación Mario Montero, se equivocan de cabo a rabo si creen que, por el hecho de que el Partido Revolucionario Institucional obtuvo “carro completo” en la entidad el pasado 5 de julio, ello les da derecho a incumplir con su obligación de gobernar para todos los poblanos y, peor aún, si creen que endureciendo su política ante cada protesta del pueblo pobre lograrán conservar la simpatía de los ciudadanos que recién ahora les favoreció. La inminencia de reprimir la protesta pública y pacífica de los campesinos, colonos, trabajadores y estudiantes organizados en el Movimiento Antorchista Nacional, es una posibilidad real que crece día con día y que, incluso, ha sido manejada públicamente por el propio secretario de Gobernación del gobierno de Puebla.
Por tal motivo, desde este espacio, nuestra Agrupación Política Nacional hace un llamado respetuoso pero enérgico al gobernador del estado de Puebla para que cumpla ya con todas y cada una de las promesas de obras de infraestructura social que hizo su gobierno desde hace dos años a este importante grupo de ciudadanos poblanos. De otra manera, que no se sorprenda el PRI –estatal y nacional- si en la elección de 2012 el pueblo le da la espalda. Hay que aprender de las derrotas, sí, pero también de los triunfos pues el envanecimiento y la soberbia son malos consejeros.
POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Lic. Adriana Argudín Palavicini, Daniela Cantellán Zavaleta, Brandy Felices,
Presidenta. Delegada en el estado de Puebla. Delegada en el estado de Michoacán.
Prof. Javier Montaño Vega, Raquel Martínez Hernández, Margarita de la Torre Ortega,
Delegado en el Estado de México. Delegada en el Distrito Federal. Delegada en el estado de S.L.P.
miércoles, 22 de julio de 2009
DINERO MATA CLASES
Adriana Argudín Palavicini
En las primeras semanas del presente mes, después del brote del virus de la influenza, todo parece volver a la normalidad con la reanudación de varias de las actividades que fueron suspendidas por razones sanitarias. Sin embargo, no hay que echar las campanas a vuelo. Todavía tendremos que sufrir peores pérdidas en lo que a nuestra economía se refiere, pues la crisis financiera mundial sigue su camino. Ya desde fines del año pasado nuestra economía se viene resintiendo por la súbita y fuerte contracción de la demanda de nuestros productos en el extranjero, sobre todo, por clientes tan poderosos como los Estados Unidos. Ahora, se suma un gran costo económico para el país –se nos dice- en virtud de las medidas que tuvieron que tomarse para evitar la propagación rápida y masiva de la infección, por lo que se requerirá de mayores sacrificios, de más trabajo, entrega y creatividad de los mexicanos.
Un recuento hecho por funcionarios del gobierno revela que la industria turística nacional (hoteles, restaurantes, líneas aéreas, industria del entretenimiento, bares, cantinas, teatros, antros, etc.) resultó seriamente golpeada por las medidas sanitarias que hubieron de tomarse. Se nos revela, además -cosa que muy pocos sabíamos-, que esta industria representa la tercera fuente de divisas para México (después de la exportación de petróleo y de las remesas que mandan nuestros paisanos), y que es fuente de sostenimiento de más de tres millones de familias mexicanas.
Con estos resultados y, claro, con el aval de los autores del estudio, los empresarios del ramo turístico solicitaron y obtuvieron sin mucha dificultad, un significativo apoyo económico del gobierno: facilidades extraordinarias para el pago de sus obligaciones fiscales, condonación del impuesto sobre la nómina, permiso para reducir los salarios abonados a los trabajadores, apoyo de todo tipo para volver a poner en funcionamiento sus negocios y dinero, mucho dinero en efectivo, a manera de subsidio directo para resarcirlos de sus pérdidas y en forma de un abultado presupuesto para una costosa campaña mundial en favor del turismo de gran altura.
A esta campaña de recuperación del sector turístico también tuvo que sumarse la Secretaría de Educación Pública que, en un inicio, había declarado la necesidad de prolongar dos semanas el fin del actual ciclo escolar para medio recuperar el tiempo perdido con motivo de la alerta sanitaria. Sin embargo, como si se tratara de la defensa de la patria ante una incursión enemiga, el secretario de Educación Pública, Alfonso Lujambio, tuvo que echar marcha atrás ante el feroz ataque de los empresarios del ramo turístico, apoyados incondicionalmente por prácticamente todos los medios informativos, y dejar como fecha del fin de cursos la misma que en años anteriores. Con tal resolución, quedó muy claro que sobre la educación de nuestros hijos sólo se impone ¡el dinero!
Pero, todavía hay más. La revocación del decreto que intentaba salvar bien el ciclo escolar reveló también que, contrario a lo que muchos creíamos, quienes verdaderamente sostenemos a la industria turística nacional somos los mexicanos y no los turistas extranjeros. Más del 80 por ciento de los ingresos de esta actividad –dijo el Presidente Felipe Calderón ante un grupo de mexicanos distinguidos a quienes convocó a sumarse a la campaña para reactivar el turismo-, proviene del turismo nacional. ¡He aquí la razón de tanto alboroto ante la sola idea de retrasar dos semanas las vacaciones escolares de verano! Pero, si esto es así, ¿por qué tanto interés para atraer al turismo extranjero? Simple y sencillamente porque las principales inversiones en este ramo son de extranjeros. Se trata, pues, no de salvar de la crisis a empresas mexicanas dedicadas al turismo, sino de salvar a empresas extranjeras cuyas utilidades, tan pronto se generan en México, viajan a los países de origen de sus dueños. Los mexicanos ponemos todo -o casi todo-, incluidos los clientes que más ingresos aportan.
En las primeras semanas del presente mes, después del brote del virus de la influenza, todo parece volver a la normalidad con la reanudación de varias de las actividades que fueron suspendidas por razones sanitarias. Sin embargo, no hay que echar las campanas a vuelo. Todavía tendremos que sufrir peores pérdidas en lo que a nuestra economía se refiere, pues la crisis financiera mundial sigue su camino. Ya desde fines del año pasado nuestra economía se viene resintiendo por la súbita y fuerte contracción de la demanda de nuestros productos en el extranjero, sobre todo, por clientes tan poderosos como los Estados Unidos. Ahora, se suma un gran costo económico para el país –se nos dice- en virtud de las medidas que tuvieron que tomarse para evitar la propagación rápida y masiva de la infección, por lo que se requerirá de mayores sacrificios, de más trabajo, entrega y creatividad de los mexicanos.
Un recuento hecho por funcionarios del gobierno revela que la industria turística nacional (hoteles, restaurantes, líneas aéreas, industria del entretenimiento, bares, cantinas, teatros, antros, etc.) resultó seriamente golpeada por las medidas sanitarias que hubieron de tomarse. Se nos revela, además -cosa que muy pocos sabíamos-, que esta industria representa la tercera fuente de divisas para México (después de la exportación de petróleo y de las remesas que mandan nuestros paisanos), y que es fuente de sostenimiento de más de tres millones de familias mexicanas.
Con estos resultados y, claro, con el aval de los autores del estudio, los empresarios del ramo turístico solicitaron y obtuvieron sin mucha dificultad, un significativo apoyo económico del gobierno: facilidades extraordinarias para el pago de sus obligaciones fiscales, condonación del impuesto sobre la nómina, permiso para reducir los salarios abonados a los trabajadores, apoyo de todo tipo para volver a poner en funcionamiento sus negocios y dinero, mucho dinero en efectivo, a manera de subsidio directo para resarcirlos de sus pérdidas y en forma de un abultado presupuesto para una costosa campaña mundial en favor del turismo de gran altura.
A esta campaña de recuperación del sector turístico también tuvo que sumarse la Secretaría de Educación Pública que, en un inicio, había declarado la necesidad de prolongar dos semanas el fin del actual ciclo escolar para medio recuperar el tiempo perdido con motivo de la alerta sanitaria. Sin embargo, como si se tratara de la defensa de la patria ante una incursión enemiga, el secretario de Educación Pública, Alfonso Lujambio, tuvo que echar marcha atrás ante el feroz ataque de los empresarios del ramo turístico, apoyados incondicionalmente por prácticamente todos los medios informativos, y dejar como fecha del fin de cursos la misma que en años anteriores. Con tal resolución, quedó muy claro que sobre la educación de nuestros hijos sólo se impone ¡el dinero!
Pero, todavía hay más. La revocación del decreto que intentaba salvar bien el ciclo escolar reveló también que, contrario a lo que muchos creíamos, quienes verdaderamente sostenemos a la industria turística nacional somos los mexicanos y no los turistas extranjeros. Más del 80 por ciento de los ingresos de esta actividad –dijo el Presidente Felipe Calderón ante un grupo de mexicanos distinguidos a quienes convocó a sumarse a la campaña para reactivar el turismo-, proviene del turismo nacional. ¡He aquí la razón de tanto alboroto ante la sola idea de retrasar dos semanas las vacaciones escolares de verano! Pero, si esto es así, ¿por qué tanto interés para atraer al turismo extranjero? Simple y sencillamente porque las principales inversiones en este ramo son de extranjeros. Se trata, pues, no de salvar de la crisis a empresas mexicanas dedicadas al turismo, sino de salvar a empresas extranjeras cuyas utilidades, tan pronto se generan en México, viajan a los países de origen de sus dueños. Los mexicanos ponemos todo -o casi todo-, incluidos los clientes que más ingresos aportan.
miércoles, 29 de abril de 2009
Y AHORA . . . ¡ALERTA SANITARIA!
Adriana Argudín Palavicini
Al embate de la crisis económica se suma ahora un nuevo peligro sobre nuestro país que, hasta el momento, se cierne sobre los habitantes del Distrito Federal y el Estado de México. Se trata del brote de una nueva cepa del virus de la influenza que hasta ahora –según fuentes oficiales- se ha comprobado como la causa de muerte en 20 de los 68 fallecimientos ocurridos en las semanas recientes, a lo que se agrega una cantidad de casi mil personas que pudieran estar infectadas. Lo nuevo con este tipo de cepa, dicen los expertos, es que está afectando a la población joven y a adultos jóvenes (que ha sido el caso de las lamentables muertes). El gobierno federal ha lanzado una alarma nacional entre la población y ha ordenado ciertas medidas para el D.F. y el Estado de México, entre otras, la suspensión de clases en todas las escuelas públicas y privadas de todos los niveles escolares, y el cierre de centros culturales y de esparcimiento. En los medios masivos de comunicación ha emprendido una campaña en la que, fundamentalmente, se manejan las medidas preventivas que debe adoptar la población para evitar el contagio de esta enfermedad respiratoria y para acudir a los centros de salud en caso de presentar los síntomas que la caracterizan.
A medida que han pasado las horas, la información se ha vertido con cierta lentitud y con algunas contradicciones. Así, no poca gente ha comentado –y criticado- el hecho de que no se detectara a tiempo el brote y el contagio y, en consecuencia, el retraso en declarar la alarma nacional. Se rumora que el problema se detectó desde el 13 de abril, pero que en virtud de la cercanía de la visita del presidente Barak Obama a México, se optó por no dar a conocer la noticia. También han sido claras algunas contradicciones tanto entre lo que sostienen las autoridades mexicanas correspondientes y lo que han declarado organismos internacionales de Salud, como entre las declaraciones de las propias autoridades mexicanas federales y locales, que han causado zozobra e incertidumbre entre la población.
De acuerdo con declaraciones del secretario de salud, José Ángel Córdova Villalobos, no hace falta vacunarse contra la enfermedad, sólo es necesario el tratamiento con antivirales, asegurando que el país cuenta con el medicamento adecuado y en cantidad suficiente. Pero, resulta que según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPE) de Estados Unidos, actualmente no existe la vacuna contra este tipo de virus dado que es un virus nuevo, además, han comprobado que este virus no reacciona a dos de los cuatro antivirales normalmente utilizados en Estados Unidos para aliviar esta enfermedad. Es válido, entonces, preguntarse si realmente contamos en el país con el antiviral adecuado, ¿no será que el secretario de Salud pretende sólo salir del paso? Por su parte, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, ha declarado que en el Distrito Federal este fin de semana se llevará a cabo una campaña masiva de vacunación. ¿Habrá encontrado la vacuna mágica para esta nueva cepa del virus o sólo se trata de una campaña mediática?
Lo cierto es que el problema sí parece ser delicado y así habría que decírselo a la población. Pero, ciertamente, el gobierno no las tiene todas consigo. Los estragos de la crisis económica que estamos padeciendo, pero, sobre todo, la falta de esperanza que aflige a más de la mitad de los mexicanos azotados por el flagelo de la pobreza desde antes de la llegada de esta crisis, con toda seguridad mantiene en alerta permanente al Estado ante la nada remota posibilidad de un estallido social. Hace ya tiempo que se sabe que en México la infraestructura de los servicios de salud es insuficiente y además de mala calidad. Se sabe, también, que en los presupuestos anuales que cada año aprueba el Congreso de la Unión no se otorgan los recursos necesarios y suficientes para hacer frente a la creciente demanda tanto de los servicios como de la creación de la infraestructura, que garantice brindar a la población y, sobre todo, a la población más desprotegida y debilitada, un servicio de salud de calidad, oportuno y gratuito. Y, ¿qué medidas realmente serias y eficientes se han tomado para revertir esta situación? Hasta donde nos consta, ninguna. Sólo a manera de muestra, diré que en el país sólo existe un laboratorio mexicano (Birmex) que produce la vacuna contra la influenza, cuya capacidad para producirla se reduce a tan solo ocho millones de dosis al año. En el Distrito Federal, de acuerdo con lo asentado en el segundo informe de gobierno de Marcelo Ebrard, el 46 por ciento de los capitalinos no cuenta con protección de seguridad social. Con estos datos, ¿es posible pensar que la población no se sienta agredida? Por supuesto que no.
El gobierno federal, en primerísimo lugar, pero también los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, debieran reflexionar seriamente y a la brevedad sobre los datos que están manejando tanto el CCPE como la Organización Mundial de la Salud y ponerse a trabajar a todo vapor. El peligro, aunque hasta el momento focalizado en la capital del país y en el Estado de México, no se reduce sólo a estos dos lugares. Como sabemos, se ha hablado de posibles brotes en otros estados y, solamente hablando del Distrito Federal, hasta un niño de primaria sabe que allí se trasladan a diario miles de personas de diferentes lugares del país por diversas razones. ¿Por qué, entonces, no se ha reunido el Consejo de Salubridad General, que es el órgano integrado por las autoridades de salud de todo el país y designado por nuestra Constitución como el encargado de emitir las disposiciones sanitarias para este tipo de casos?
Lo cierto es que estamos ante un nuevo flagelo que, para variar, está afectando a los mexicanos más pobres. Varias de las “acciones ciudadanas” que se han publicado para evitar el contagio están pensadas para la gente que tiene recursos económicos y condiciones para llevarlas a cabo. Quienes viven hacinados en cuartuchos pequeños, de materiales improvisados y sin ventilación; quienes apenas tienen unos cuantos pesos para llevarse un bocado a la boca o para trasladarse día tras día a sus trabajos; quienes no tienen dinero ni para comprarse una “similaspirina”; quienes carecen de los servicios de agua potable, drenaje, electricidad; en fin, quienes carecen de casi todo lo indispensable para llevar una vida digna y mínimamente saludable, ¿cómo podrán llevar a cabo tales acciones? Sería bueno que el Estado, encargado de brindar todo esto y más a sus gobernados, respondiera a estas interrogantes.
Al embate de la crisis económica se suma ahora un nuevo peligro sobre nuestro país que, hasta el momento, se cierne sobre los habitantes del Distrito Federal y el Estado de México. Se trata del brote de una nueva cepa del virus de la influenza que hasta ahora –según fuentes oficiales- se ha comprobado como la causa de muerte en 20 de los 68 fallecimientos ocurridos en las semanas recientes, a lo que se agrega una cantidad de casi mil personas que pudieran estar infectadas. Lo nuevo con este tipo de cepa, dicen los expertos, es que está afectando a la población joven y a adultos jóvenes (que ha sido el caso de las lamentables muertes). El gobierno federal ha lanzado una alarma nacional entre la población y ha ordenado ciertas medidas para el D.F. y el Estado de México, entre otras, la suspensión de clases en todas las escuelas públicas y privadas de todos los niveles escolares, y el cierre de centros culturales y de esparcimiento. En los medios masivos de comunicación ha emprendido una campaña en la que, fundamentalmente, se manejan las medidas preventivas que debe adoptar la población para evitar el contagio de esta enfermedad respiratoria y para acudir a los centros de salud en caso de presentar los síntomas que la caracterizan.
A medida que han pasado las horas, la información se ha vertido con cierta lentitud y con algunas contradicciones. Así, no poca gente ha comentado –y criticado- el hecho de que no se detectara a tiempo el brote y el contagio y, en consecuencia, el retraso en declarar la alarma nacional. Se rumora que el problema se detectó desde el 13 de abril, pero que en virtud de la cercanía de la visita del presidente Barak Obama a México, se optó por no dar a conocer la noticia. También han sido claras algunas contradicciones tanto entre lo que sostienen las autoridades mexicanas correspondientes y lo que han declarado organismos internacionales de Salud, como entre las declaraciones de las propias autoridades mexicanas federales y locales, que han causado zozobra e incertidumbre entre la población.
De acuerdo con declaraciones del secretario de salud, José Ángel Córdova Villalobos, no hace falta vacunarse contra la enfermedad, sólo es necesario el tratamiento con antivirales, asegurando que el país cuenta con el medicamento adecuado y en cantidad suficiente. Pero, resulta que según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPE) de Estados Unidos, actualmente no existe la vacuna contra este tipo de virus dado que es un virus nuevo, además, han comprobado que este virus no reacciona a dos de los cuatro antivirales normalmente utilizados en Estados Unidos para aliviar esta enfermedad. Es válido, entonces, preguntarse si realmente contamos en el país con el antiviral adecuado, ¿no será que el secretario de Salud pretende sólo salir del paso? Por su parte, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, ha declarado que en el Distrito Federal este fin de semana se llevará a cabo una campaña masiva de vacunación. ¿Habrá encontrado la vacuna mágica para esta nueva cepa del virus o sólo se trata de una campaña mediática?
Lo cierto es que el problema sí parece ser delicado y así habría que decírselo a la población. Pero, ciertamente, el gobierno no las tiene todas consigo. Los estragos de la crisis económica que estamos padeciendo, pero, sobre todo, la falta de esperanza que aflige a más de la mitad de los mexicanos azotados por el flagelo de la pobreza desde antes de la llegada de esta crisis, con toda seguridad mantiene en alerta permanente al Estado ante la nada remota posibilidad de un estallido social. Hace ya tiempo que se sabe que en México la infraestructura de los servicios de salud es insuficiente y además de mala calidad. Se sabe, también, que en los presupuestos anuales que cada año aprueba el Congreso de la Unión no se otorgan los recursos necesarios y suficientes para hacer frente a la creciente demanda tanto de los servicios como de la creación de la infraestructura, que garantice brindar a la población y, sobre todo, a la población más desprotegida y debilitada, un servicio de salud de calidad, oportuno y gratuito. Y, ¿qué medidas realmente serias y eficientes se han tomado para revertir esta situación? Hasta donde nos consta, ninguna. Sólo a manera de muestra, diré que en el país sólo existe un laboratorio mexicano (Birmex) que produce la vacuna contra la influenza, cuya capacidad para producirla se reduce a tan solo ocho millones de dosis al año. En el Distrito Federal, de acuerdo con lo asentado en el segundo informe de gobierno de Marcelo Ebrard, el 46 por ciento de los capitalinos no cuenta con protección de seguridad social. Con estos datos, ¿es posible pensar que la población no se sienta agredida? Por supuesto que no.
El gobierno federal, en primerísimo lugar, pero también los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, debieran reflexionar seriamente y a la brevedad sobre los datos que están manejando tanto el CCPE como la Organización Mundial de la Salud y ponerse a trabajar a todo vapor. El peligro, aunque hasta el momento focalizado en la capital del país y en el Estado de México, no se reduce sólo a estos dos lugares. Como sabemos, se ha hablado de posibles brotes en otros estados y, solamente hablando del Distrito Federal, hasta un niño de primaria sabe que allí se trasladan a diario miles de personas de diferentes lugares del país por diversas razones. ¿Por qué, entonces, no se ha reunido el Consejo de Salubridad General, que es el órgano integrado por las autoridades de salud de todo el país y designado por nuestra Constitución como el encargado de emitir las disposiciones sanitarias para este tipo de casos?
Lo cierto es que estamos ante un nuevo flagelo que, para variar, está afectando a los mexicanos más pobres. Varias de las “acciones ciudadanas” que se han publicado para evitar el contagio están pensadas para la gente que tiene recursos económicos y condiciones para llevarlas a cabo. Quienes viven hacinados en cuartuchos pequeños, de materiales improvisados y sin ventilación; quienes apenas tienen unos cuantos pesos para llevarse un bocado a la boca o para trasladarse día tras día a sus trabajos; quienes no tienen dinero ni para comprarse una “similaspirina”; quienes carecen de los servicios de agua potable, drenaje, electricidad; en fin, quienes carecen de casi todo lo indispensable para llevar una vida digna y mínimamente saludable, ¿cómo podrán llevar a cabo tales acciones? Sería bueno que el Estado, encargado de brindar todo esto y más a sus gobernados, respondiera a estas interrogantes.
jueves, 9 de abril de 2009
SIN AGUA ¡MÁS PESADA LA CRUZ!
Adriana Argudín Palavicini
A las ya de por sí difíciles condiciones en que viven cientos de miles de familias, se agrega ahora la falta del suministro de agua que sufrirán, ni más ni menos, que ¡5 millones de personas! en 13 municipios del Estado de México y en 10 delegaciones del Distrito Federal. En estas regiones, el suministro del vital líquido ya se venía reduciendo tres días al mes desde enero. Pero ahora, “aprovechando la salida de vacacionistas”, el suministro se suspenderá al cien por ciento desde el jueves al domingo de esta semana santa para darle mantenimiento mayor al Sistema Cutzamala. ¡Que Dios nos agarre confesados!
Como es lógico, las protestas de los vecinos que, por razones obvias no pueden darse el lujo de vacacionar, no se han hecho esperar pues, como dijo una de las afectadas, “ya veníamos estirando el gasto, ahora también tendremos que estirar el agua”. Lo peor es que el problema no se reduce sólo a quedarse sin agua, o a estar acarreándola de cubetas y tambos. Hay que agregar, además, que habrá un gasto mayor en el consumo de gas doméstico, pues habrá que hervir el agua por lo menos para preparar los alimentos; actualmente, el precio de los cilindros de gas, dependiendo de su capacidad, está entre los 102 y los 305 pesos. Y, para quienes no alcancen el beneficio de las pipas de agua, tendrán que hacer un desembolso mayor para comprar agua embotellada. Al final, las familias más empobrecidas tendrán que gastar más a cambio de malos y escasos servicios.
Aprovechando la confusión y queriendo sumar votos para el próximo proceso electoral, se ha desatado una guerra de declaraciones entre el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal culpándose mutuamente por la falta del suministro de este servicio. Según el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege, la culpa es del gobierno capitalino ya que no ha firmado los convenios para poder avanzar en la construcción de un nuevo componente del Drenaje Profundo. Y, según Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), las declaraciones de Luege son falsas y sólo tienen fines políticos ya que aspira a gobernar el Distrito Federal.
Lo cierto es que, mientras son peras o son manzanas, el problema es para las millones de familias que tendrán que sortearlo para poder cubrir sus necesidades elementales de aseo y alimentación. Ambos organismos gubernamentales están obligados, por el sólo hecho de ser gobierno, a realizar las acciones necesarias para lograr un uso sustentable del agua a fin de generar bienestar social mediante el suministro del servicio de agua potable. Deben, además, resolver el desequilibrio que existe entre la demanda cada vez mayor y la disponibilidad cada vez menor del vital líquido, pues ello incide de manera directa en la salud y la calidad de vida de la población. Sin embargo, en lugar de ello, no tienen empacho en publicitar que “ante la escasez de agua los usuarios tienden más a su ahorro”. Razonamientos de este calibre se evidencian también en las políticas que vienen aplicando la inmensa mayoría de nuestros actuales gobiernos estatales y municipales, y el propio gobierno federal, ante la demanda de servicios y derechos elementales que consagra nuestra Constitución a todos sus hijos. De continuar con esa falta de sensibilidad política y de violación a la ley, la escasez de servicios y derechos -que ya sufren más de la mitad de los mexicanos-, se llegará no al ahorro sino a la extinción de una buena parte de la población más vulnerable.
A las ya de por sí difíciles condiciones en que viven cientos de miles de familias, se agrega ahora la falta del suministro de agua que sufrirán, ni más ni menos, que ¡5 millones de personas! en 13 municipios del Estado de México y en 10 delegaciones del Distrito Federal. En estas regiones, el suministro del vital líquido ya se venía reduciendo tres días al mes desde enero. Pero ahora, “aprovechando la salida de vacacionistas”, el suministro se suspenderá al cien por ciento desde el jueves al domingo de esta semana santa para darle mantenimiento mayor al Sistema Cutzamala. ¡Que Dios nos agarre confesados!
Como es lógico, las protestas de los vecinos que, por razones obvias no pueden darse el lujo de vacacionar, no se han hecho esperar pues, como dijo una de las afectadas, “ya veníamos estirando el gasto, ahora también tendremos que estirar el agua”. Lo peor es que el problema no se reduce sólo a quedarse sin agua, o a estar acarreándola de cubetas y tambos. Hay que agregar, además, que habrá un gasto mayor en el consumo de gas doméstico, pues habrá que hervir el agua por lo menos para preparar los alimentos; actualmente, el precio de los cilindros de gas, dependiendo de su capacidad, está entre los 102 y los 305 pesos. Y, para quienes no alcancen el beneficio de las pipas de agua, tendrán que hacer un desembolso mayor para comprar agua embotellada. Al final, las familias más empobrecidas tendrán que gastar más a cambio de malos y escasos servicios.
Aprovechando la confusión y queriendo sumar votos para el próximo proceso electoral, se ha desatado una guerra de declaraciones entre el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal culpándose mutuamente por la falta del suministro de este servicio. Según el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege, la culpa es del gobierno capitalino ya que no ha firmado los convenios para poder avanzar en la construcción de un nuevo componente del Drenaje Profundo. Y, según Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), las declaraciones de Luege son falsas y sólo tienen fines políticos ya que aspira a gobernar el Distrito Federal.
Lo cierto es que, mientras son peras o son manzanas, el problema es para las millones de familias que tendrán que sortearlo para poder cubrir sus necesidades elementales de aseo y alimentación. Ambos organismos gubernamentales están obligados, por el sólo hecho de ser gobierno, a realizar las acciones necesarias para lograr un uso sustentable del agua a fin de generar bienestar social mediante el suministro del servicio de agua potable. Deben, además, resolver el desequilibrio que existe entre la demanda cada vez mayor y la disponibilidad cada vez menor del vital líquido, pues ello incide de manera directa en la salud y la calidad de vida de la población. Sin embargo, en lugar de ello, no tienen empacho en publicitar que “ante la escasez de agua los usuarios tienden más a su ahorro”. Razonamientos de este calibre se evidencian también en las políticas que vienen aplicando la inmensa mayoría de nuestros actuales gobiernos estatales y municipales, y el propio gobierno federal, ante la demanda de servicios y derechos elementales que consagra nuestra Constitución a todos sus hijos. De continuar con esa falta de sensibilidad política y de violación a la ley, la escasez de servicios y derechos -que ya sufren más de la mitad de los mexicanos-, se llegará no al ahorro sino a la extinción de una buena parte de la población más vulnerable.
jueves, 26 de marzo de 2009
¿CAMBIO DE ACTITUD?
Adriana Argudín Palavicini
El pasado domingo 15, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) llevó a cabo elecciones abiertas a la ciudadanía para elegir a sus candidatos a diversos cargos de elección popular. Este ejercicio se llevó a cabo en los estados de Zacatecas, Morelos, México y el Distrito Federal, considerados como bastiones de este partido, para elegir candidatos a delegados, alcaldes, diputados federales y locales. Interesa destacar que con esta elección, para el caso de los candidatos a diputados de mayoría al Congreso de la Unión, sólo se determinaría una pequeña parte (53); el resto de los candidatos a diputados de mayoría y la totalidad de los candidatos a diputados plurinominales los elegirá el Consejo Nacional de este partido el próximo día 28.
La capital de la República fue el laboratorio electoral del PRD, tanto para los comicios del presente año como para los de 2012, pues aquí correspondieron la mayoría de los 40 distritos en que se llevó a cabo la elección, también se eligió la mayor cantidad de candidatos (además de los candidatos a diputados federales se eligieron también 40 diputaciones locales y 16 jefaturas delegacionales) y es en donde se concentró la mayor cantidad de votos (650 mil, según la comisión nacional electoral de este partido). Quizás por eso, fue aquí en donde se registraron –de acuerdo con los propios miembros de dicho instituto político- las mayores irregularidades.
Afloraron, como es ya costumbre en el PRD, discrepancias y pleitos entre sus principales corrientes acusándose mutuamente de haber cometido una serie de irregularidades –que los aspirantes habían acordado no cometer- tales como: compra de votos, acarreo de votantes, entrega de despensas y coacción del voto, entre otras, mismas que fueron creciendo a medida que pasaban los días y se fueron alimentando de hechos derivados de la propia labor de la comisión nacional electoral perredista. Entre estos hechos, destacaron el retraso en el conteo oficial de los votos, que llegó a tal grado que se acercaba peligrosamente el plazo límite legal para impugnar la elección y aún no se daban a conocer las cifras oficiales; y la suspensión del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) debido a que –aseguró la citada comisión- los primeros datos de la elección “fueron manipulados por un hacker”. Además, se registraron hechos violentos en algunas delegaciones, destacándose Iztapalapa (considerada la más importante por el número de electores en el D. F.), donde simpatizantes de Izquierda Unida amenazaron con quemar la sede nacional de su partido, y Coyoacán, donde fueron quemadas la totalidad de las boletas de la elección, por lo que, al parecer, los candidatos tendrán que ser designados directamente por el Servicio Estatal Electoral de su partido.
Para el PRD no ha terminado aún esta primera etapa del proceso electoral con vistas al 5 de julio. Falta por ver cómo se resuelven las inconformidades entre Izquierda Unida y Nueva Izquierda de lo cual dependerá cómo llegará este partido a su ya muy próximo Consejo Nacional. Lo que sí queda claro, al menos en mi muy modesta opinión, es que en tanto se sigan presentando irregularidades del tipo de las que aquí he mencionado, que siembran la desconfianza, el descontento y la incertidumbre entre la ciudadanía, difícilmente podrá el PRD o cualquiera de los partidos políticos existentes, coadyuvar a reducir el abstencionismo a su mínima expresión.
Las frías cifras hablan por sí solas. De acuerdo con estadísticas del Instituto Federal Electoral (IFE), la abstención en las elecciones federales intermedias registra un promedio histórico de 50 por ciento a partir de 1991 en que la ausencia de votantes fue de 34 por ciento; en 1997, llegó a 42.31 por ciento y, en 2003 alcanzó su máximo histórico de 58.3 por ciento. Cifras muy preocupantes sin lugar a dudas y que seguramente conocen bien y con todo detalle los partidos políticos. ¿Cuál será, entonces, su compromiso para revertir esta penosa realidad? Por lo pronto, en el caso del PRD, bastó una probadita para dejarnos el mismo sabor de boca que hasta ahora nos ha dejado.
El pasado domingo 15, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) llevó a cabo elecciones abiertas a la ciudadanía para elegir a sus candidatos a diversos cargos de elección popular. Este ejercicio se llevó a cabo en los estados de Zacatecas, Morelos, México y el Distrito Federal, considerados como bastiones de este partido, para elegir candidatos a delegados, alcaldes, diputados federales y locales. Interesa destacar que con esta elección, para el caso de los candidatos a diputados de mayoría al Congreso de la Unión, sólo se determinaría una pequeña parte (53); el resto de los candidatos a diputados de mayoría y la totalidad de los candidatos a diputados plurinominales los elegirá el Consejo Nacional de este partido el próximo día 28.
La capital de la República fue el laboratorio electoral del PRD, tanto para los comicios del presente año como para los de 2012, pues aquí correspondieron la mayoría de los 40 distritos en que se llevó a cabo la elección, también se eligió la mayor cantidad de candidatos (además de los candidatos a diputados federales se eligieron también 40 diputaciones locales y 16 jefaturas delegacionales) y es en donde se concentró la mayor cantidad de votos (650 mil, según la comisión nacional electoral de este partido). Quizás por eso, fue aquí en donde se registraron –de acuerdo con los propios miembros de dicho instituto político- las mayores irregularidades.
Afloraron, como es ya costumbre en el PRD, discrepancias y pleitos entre sus principales corrientes acusándose mutuamente de haber cometido una serie de irregularidades –que los aspirantes habían acordado no cometer- tales como: compra de votos, acarreo de votantes, entrega de despensas y coacción del voto, entre otras, mismas que fueron creciendo a medida que pasaban los días y se fueron alimentando de hechos derivados de la propia labor de la comisión nacional electoral perredista. Entre estos hechos, destacaron el retraso en el conteo oficial de los votos, que llegó a tal grado que se acercaba peligrosamente el plazo límite legal para impugnar la elección y aún no se daban a conocer las cifras oficiales; y la suspensión del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) debido a que –aseguró la citada comisión- los primeros datos de la elección “fueron manipulados por un hacker”. Además, se registraron hechos violentos en algunas delegaciones, destacándose Iztapalapa (considerada la más importante por el número de electores en el D. F.), donde simpatizantes de Izquierda Unida amenazaron con quemar la sede nacional de su partido, y Coyoacán, donde fueron quemadas la totalidad de las boletas de la elección, por lo que, al parecer, los candidatos tendrán que ser designados directamente por el Servicio Estatal Electoral de su partido.
Para el PRD no ha terminado aún esta primera etapa del proceso electoral con vistas al 5 de julio. Falta por ver cómo se resuelven las inconformidades entre Izquierda Unida y Nueva Izquierda de lo cual dependerá cómo llegará este partido a su ya muy próximo Consejo Nacional. Lo que sí queda claro, al menos en mi muy modesta opinión, es que en tanto se sigan presentando irregularidades del tipo de las que aquí he mencionado, que siembran la desconfianza, el descontento y la incertidumbre entre la ciudadanía, difícilmente podrá el PRD o cualquiera de los partidos políticos existentes, coadyuvar a reducir el abstencionismo a su mínima expresión.
Las frías cifras hablan por sí solas. De acuerdo con estadísticas del Instituto Federal Electoral (IFE), la abstención en las elecciones federales intermedias registra un promedio histórico de 50 por ciento a partir de 1991 en que la ausencia de votantes fue de 34 por ciento; en 1997, llegó a 42.31 por ciento y, en 2003 alcanzó su máximo histórico de 58.3 por ciento. Cifras muy preocupantes sin lugar a dudas y que seguramente conocen bien y con todo detalle los partidos políticos. ¿Cuál será, entonces, su compromiso para revertir esta penosa realidad? Por lo pronto, en el caso del PRD, bastó una probadita para dejarnos el mismo sabor de boca que hasta ahora nos ha dejado.
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