PETRÓLEO:
EL PRESIDENTE, EL DEBATE Y LA CONSULTA PÚBLICA
Adriana Argudín Palavicini
El debate sobre la iniciativa de reforma energética que presentó al Congreso de la Unión el presidente Felipe Calderón, ha cumplido ya un mes. En el Senado de la República han discutido la reforma de PEMEX, abogados constitucionalistas, académicos, investigadores, técnicos, profesionistas y especialistas en petróleo. Mientras el debate sigue su curso, desde Madrid, España, el presidente Calderón hizo declaraciones que, más que derivadas de su falta de información –como dicen creer algunos legisladores-, denotan su seguridad en poder sacar adelante su iniciativa reforzada con su afirmación de que en el debate “ni siquiera se ha rebatido el aspecto central de su propuesta”.
También el presidente Calderón se pronunció sobre la consulta pública que pretende llevar a cabo sobre el mismo tema el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, el próximo 27 de julio. Aquí, el presidente fue lacónico: hay que remitirse a los artículos 71 y 72 constitucionales como rectores de todo proceso de reformas, por lo que “será el procedimiento que sigamos mientras la Constitución no disponga otra cosa”. Y la constitución, como casi todo mundo sabe, no contempla el ejercicio de la consulta pública.
Independientemente de que nos guste o no la forma y el tono empleados por el presidente Calderón, lo cierto es que a fin de cuentas tocará al poder Legislativo modificar lo que crea conveniente de la iniciativa y en su momento someterla a aprobación. Al ciudadano común y corriente, como Usted o como yo, en tanto no pueda hacer que “la Constitución no disponga otra cosa”, no le resta más que esperar el veredicto de la mayoría legislativa pues así es como funciona nuestra democracia ¿o no? Siendo esto un hecho cierto y conocido, llama la atención que el jefe de Gobierno del Distrito Federal persista en su intención de llevar a cabo su consulta popular, y más todavía, el hecho de que también se aplicará en los municipios que gobierna el PRD, según ha declarado José Luis Gutiérrez Cureño, presidente municipal perredista de Ecatepec y dirigente de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. (AALMAC), que agrupa precisamente a tales municipios.
Desde mi punto de vista, la pretensión de llevar a cabo la consulta pública es un burdo engaño. En primer lugar, porque –como ya dije- en nuestro ordenamiento constitucional no está contemplada y, en segundo lugar, porque la misma se aplicará únicamente en el 16.7 por ciento del total de municipios con que cuenta el país (porcentaje que representan los municipios donde gobierna el PRD). Ciertamente, se ha dicho que Marcelo Ebrard apoya su propuesta basándose en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, pero no hay que olvidar que dicha ley, aunque contempla el plebiscito, el referéndum y la consulta ciudadana, es una ley de carácter local y, como tal, dichos instrumentos están diseñados para actos, leyes y decisiones locales y muy concretos y limitados. Esto, en la capital de la República. Por lo que respecta a los municipios donde también gobierna el PRD, suponiendo que sus respectivas leyes locales contemplen la consulta ciudadana, con toda seguridad sufren de las mismas limitaciones.
Por si lo hasta aquí dicho no bastara, hay que agregar que para llevar a cabo la mentada consulta, se requiere de dinero. El IFE, que sigue pugnando para que se le apruebe un mayor presupuesto, está prácticamente descartado. El que saldría al quite, se dice, es el Instituto Electoral del Distrito Federal. Por si éste tampoco pudiera, el presidente municipal de Ecatepec ya tiene la solución: los municipios agrupados en la AALMAC la llevarán a cabo con sus propios recursos y con el apoyo de senadores, diputados locales y federales así como de síndicos y regidores. Si, a tres meses de la votación para elegir a la dirigencia nacional de su partido aún no pueden decir quién fue el triunfador, ¿logrará su consenso para que pongan dinero de sus bolsillos? ¿Qué opinión les merecerá a los miles de ciudadanos humildes de esos municipios el hecho de que el presupuesto municipal, en lugar de utilizarse en la solución de demandas de servicios elementales, se desvíe para llevar a cabo la consulta?
Por lo menos a mí me parece extraño que a algunos señores del partido del sol azteca les haya picado el mosco de la consulta ciudadana cuando sus propios resultados no son vinculantes. Pues, ¿no mueve a reflexión que quienes no han podido resolver la suciedad de su elección interna, se erijan ahora en los fieles de la balanza de un asunto que atañe a todos los mexicanos? ¿No debieran precaverse los ciudadanos del juicio que emitirán quienes como Gutiérrez Cureño (en Ecatepec), Constanzo de la Vega (en Texcoco) y Moreno Conrado (en Ixtapaluca), los desprecian cuando acuden a sus palacios a pedir solución a sus problemas? Parece ser que el proceso electoral de 2009 está mucho más próximo de lo que muchos creen.
viernes, 27 de junio de 2008
lunes, 2 de junio de 2008
INTERNACIONAL
EN BOLIVIA: NUEVO ATAQUE DE LOS RICACHOS
Adriana Argudín Palavicini
Desde que Evo Morales ganó las elecciones para presidente de Bolivia, se ha enfrentado con una cerrada resistencia de los señores del dinero, de los oligarcas bolivianos acostumbrados a explotar sin freno la mano de obra barata de los indígenas; temen perder sus privilegios y sus enormes fortunas, otrora fácilmente acumuladas y acrecentadas vía la plusvalía, en contubernio con los gobiernos anteriores.
De las recientes maniobras desestabilizadoras de la oligarquía boliviana, recordamos el anticonstitucional y falso referendo realizado el 4 de mayo en el Departamento de Santa Cruz, que gobierna el ultraderechista Rubén Costas. Este señor, junto con otros ricachos de la región más rica de Bolivia –que incluye, además del de Santa Cruz, los departamentos de Beni, Pando y Tarija-, han formado un “Comité Cívico” para el que han reclutado a golpeadores y provocadores de extrema derecha, cuyo objetivo más próximo es llevar a cabo en las próximas semanas la copia del referendo de Santa Cruz en sus respectivos departamentos.
En tanto ello ocurre, los llamados “cívicos”, no han permanecido quietos. El pasado 24 de mayo, el presidente Evo Morales realizaría un acto en el estadio “Patria” de la capital del país, Sucre, donde haría entrega de 50 ambulancias y mil viviendas para sectores populares. El evento tuvo que cancelarse debido a que los “cívicos” no sólo agredieron a las fuerzas policiales y militares, sino que secuestraron a una veintena de campesinos cuando se dirigían pacíficamente al lugar de la cita y se los llevaron, entre insultos racistas, patadas y golpes a palos, a la plaza de armas de Sucre. Ahí, fueron despojados de sus documentos y dinero, los forzaron a despojarse de sus ropas y, semidesnudos, los obligaron a arrodillarse y a gritar consignas contra el presidente de la República.
De estas cobardes y escandalosas agresiones y humillaciones perpetradas por la clase explotadora de Bolivia, tiene información y videos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), misma que ha condenado “enfáticamente” estas “agresiones de carácter racista y discriminatorio”, aunque, al final de su comunicado de prensa añade: “La CIDH recuerda que es obligación del Estado garantizar la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos, así como investigar los hechos en forma exhaustiva y sancionar a los responsables”. Como siempre, este órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), asoma las orejas y revela a qué intereses responde. Condena las agresiones contra los indígenas, como si sólo se hubiera tratado de un hecho aislado de discriminación racista, dejando a un lado el hecho de que los “cívicos” se fueron también contra las fuerzas del orden. No se trató, pues, de un acto de “violación de derechos humanos”, sino de un acto de provocación y rebeldía de la ultra derecha inscrito dentro de su campaña de desestabilización del gobierno elegido democráticamente por la inmensa mayoría del pueblo boliviano.
Ítem más. El recordatorio al Estado (a Evo Morales, se entiende) sobre su obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos, ¿no omite el hecho de que, precisamente por tratar de hacer valer los derechos de su pueblo, pisoteados y violados durante años, el Estado representado en la persona de Evo Morales, ha concitado el odio y la rebeldía de la ultra derecha de este país? ¿Qué mejor garantía quiere la CIDH que el hecho de que los pobres andinos, con su Presidente a la cabeza, estén librando una verdadera batalla por rescatar sus recursos naturales y por conquistar un reparto más justo de la riqueza social?
A quienes debiera condenar, no sólo la CIDH y demás organismos americanos e internacionales, sino todos los gobiernos y los hombres y mujeres comprometidos con la lucha de los más débiles, es a los Rubenes Costas que buscan, a como de lugar, seguirse haciendo de las utilidades que arroja la explotación de los recursos naturales -principalmente gas-, que tiene Bolivia. Esos y no “el Estado” boliviano son los verdaderos violadores de todos los derechos.
Adriana Argudín Palavicini
Desde que Evo Morales ganó las elecciones para presidente de Bolivia, se ha enfrentado con una cerrada resistencia de los señores del dinero, de los oligarcas bolivianos acostumbrados a explotar sin freno la mano de obra barata de los indígenas; temen perder sus privilegios y sus enormes fortunas, otrora fácilmente acumuladas y acrecentadas vía la plusvalía, en contubernio con los gobiernos anteriores.
De las recientes maniobras desestabilizadoras de la oligarquía boliviana, recordamos el anticonstitucional y falso referendo realizado el 4 de mayo en el Departamento de Santa Cruz, que gobierna el ultraderechista Rubén Costas. Este señor, junto con otros ricachos de la región más rica de Bolivia –que incluye, además del de Santa Cruz, los departamentos de Beni, Pando y Tarija-, han formado un “Comité Cívico” para el que han reclutado a golpeadores y provocadores de extrema derecha, cuyo objetivo más próximo es llevar a cabo en las próximas semanas la copia del referendo de Santa Cruz en sus respectivos departamentos.
En tanto ello ocurre, los llamados “cívicos”, no han permanecido quietos. El pasado 24 de mayo, el presidente Evo Morales realizaría un acto en el estadio “Patria” de la capital del país, Sucre, donde haría entrega de 50 ambulancias y mil viviendas para sectores populares. El evento tuvo que cancelarse debido a que los “cívicos” no sólo agredieron a las fuerzas policiales y militares, sino que secuestraron a una veintena de campesinos cuando se dirigían pacíficamente al lugar de la cita y se los llevaron, entre insultos racistas, patadas y golpes a palos, a la plaza de armas de Sucre. Ahí, fueron despojados de sus documentos y dinero, los forzaron a despojarse de sus ropas y, semidesnudos, los obligaron a arrodillarse y a gritar consignas contra el presidente de la República.
De estas cobardes y escandalosas agresiones y humillaciones perpetradas por la clase explotadora de Bolivia, tiene información y videos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), misma que ha condenado “enfáticamente” estas “agresiones de carácter racista y discriminatorio”, aunque, al final de su comunicado de prensa añade: “La CIDH recuerda que es obligación del Estado garantizar la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos, así como investigar los hechos en forma exhaustiva y sancionar a los responsables”. Como siempre, este órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), asoma las orejas y revela a qué intereses responde. Condena las agresiones contra los indígenas, como si sólo se hubiera tratado de un hecho aislado de discriminación racista, dejando a un lado el hecho de que los “cívicos” se fueron también contra las fuerzas del orden. No se trató, pues, de un acto de “violación de derechos humanos”, sino de un acto de provocación y rebeldía de la ultra derecha inscrito dentro de su campaña de desestabilización del gobierno elegido democráticamente por la inmensa mayoría del pueblo boliviano.
Ítem más. El recordatorio al Estado (a Evo Morales, se entiende) sobre su obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos, ¿no omite el hecho de que, precisamente por tratar de hacer valer los derechos de su pueblo, pisoteados y violados durante años, el Estado representado en la persona de Evo Morales, ha concitado el odio y la rebeldía de la ultra derecha de este país? ¿Qué mejor garantía quiere la CIDH que el hecho de que los pobres andinos, con su Presidente a la cabeza, estén librando una verdadera batalla por rescatar sus recursos naturales y por conquistar un reparto más justo de la riqueza social?
A quienes debiera condenar, no sólo la CIDH y demás organismos americanos e internacionales, sino todos los gobiernos y los hombres y mujeres comprometidos con la lucha de los más débiles, es a los Rubenes Costas que buscan, a como de lugar, seguirse haciendo de las utilidades que arroja la explotación de los recursos naturales -principalmente gas-, que tiene Bolivia. Esos y no “el Estado” boliviano son los verdaderos violadores de todos los derechos.
domingo, 11 de mayo de 2008
EN OPINION DE . . .
Adriana Argudín Palavicini
RECLAMOS Y REBELDÍAS DEL PUEBLO
Mientras siguen los controvertidos operativos del Ejército Mexicano para combatir al narcotráfico en varios puntos de la República, en la Delegación Iztapalapa, una de las zonas más pobladas del Distrito Federal, se registraron recientemente dos acontecimientos que terminaron en sendos enfrentamientos entre ciudadanos y policías. En uno de ellos, habitantes del predio La Magueyera se enfrentaron con elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), luego que autoridades de la Compañía de Luz y Fuerza habían solicitado la intervención del Ministerio Público Federal para retirar los llamados “diablitos” que habitantes del lugar tienen instalados para obtener energía eléctrica. Llama la atención el hecho de que la mayoría de quienes se enfrentaron a los agentes de la AFI, que iban armados, eran mujeres quienes, con cubetadas de agua, gritos y empujones hicieron marchar a los agentes y empleados de la compañía. El segundo de ellos, tuvo lugar en el tianguis El Salado donde comerciantes informales se enfrentaron con policías y granaderos luego de un operativo mediante el que se decomisaron principalmente pacas de ropa. La primera arremetida de los policías y granaderos no tuvo éxito, pues los comerciantes y vecinos los superaban en número y determinación, por lo que, al igual que en el caso de La Magueyera, tuvieron que replegarse.
Ciertamente, no son éstos los únicos ni los más sobresalientes hechos recientes en la capital, pero sí son una muestra del descontento creciente entre la población más desprotegida que cada vez más se siente pisoteada en sus derechos y en su dignidad. Veamos. En el caso de La Magueyera, los vecinos aseguran que existe un convenio con la paraestatal para regularizarles el servicio de energía eléctrica desde hace cuatro años, que ellos ya cubrieron la cantidad que les corresponde y que quien ha incumplido con su responsabilidad es la autoridad delegacional, que no ha cubierto la parte que se comprometió aportar. Resulta evidente que la oposición de los vecinos al intento de dejarlos sin el servicio es totalmente justificada y que el Ministerio Público Federal, antes de enviar a los agentes federales, debía haber investigado y llamar a las partes involucradas. Pero, lejos de ello, como ya queda dicho, los mandó en apoyo a la ejecución del corte del servicio. La reacción, como era de esperarse, fue de reclamo y rebeldía por parte de los afectados.
El segundo de los casos, se suma a la cadena de persecuciones, decomisos y desalojos que en fechas recientes han venido sufriendo los comerciantes ambulantes, a quienes el Gobierno del Distrito Federal (GDF) pretende borrar de la geografía capitalina sin darles una verdadera alternativa de solución para mantenerse, ya sea a través de esta actividad o de cualquier otra. Como se sabe, el GDF se ha puesto a limpiar de ambulantes el Centro Histórico de la capital argumentando varias razones que, si bien algunas de ellas son reales y necesarias, no atacan el fondo del problema que cada vez afecta a un mayor número de familias: el desempleo. Los comerciantes ambulantes que, como cualquier ser humano necesitan comer, vuelven a aparecer, como hongos después de la lluvia, sin que los constantes desalojos de que son objeto los hagan desistir de instalar su “comercio” allí donde pueden encontrar clientela. Los zafarranchos como el ocurrido en El Salado se han vuelto cada vez más frecuentes y en no pocas ocasiones han acabado en lo mismo: la policía ha tenido que retirarse sin cumplir totalmente con su cometido, dejando mayor descontento y rebeldía entre los afectados.
Los ejemplos aquí citados son ilustrativos de que es falsa la apreciación del gobierno en el sentido de que armando más y mejor a la policía, haciéndola más desalmada e intolerante, se acabará con la pobreza que, lejos de desaparecer o ir en franca disminución, cada día se acrecienta más y más. La solución a la pobreza hay que sacarla de la realidad misma, y la realidad actual del país nos indica que el crecimiento de nuestra economía difícilmente rebasa el 2% anual; que mientras en los países de capitalismo desarrollado los gobiernos recaudan el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) a través de los impuestos, en México se recauda sólo el 19%, con el agravante de que más de la mitad de este porcentaje lo pagan los trabajadores; que el desempleo ronda a casi la mitad de la población económicamente activa y que cada año medio millón de mexicanos emigra a los Estados Unidos para no morirse de hambre. En pocas y claras palabras, la clase más rica no está invirtiendo su dinero en el país para generar empleos ni en la cantidad ni en calidad que se requieren ni tampoco está pagando impuestos, de cuyos ingresos requiere el Estado para crear la infraestructura y los servicios que el país necesita.
Como resultado de esa realidad, tenemos que los más pobres salen a vender lo que encuentran porque no hay trabajo, que el crecimiento del crimen y de la delincuencia crece todos los días como la espuma porque no hay trabajo, que la gente más necesitada empieza a rebelarse porque sus justos reclamos de servicios elementales no se resuelven y se rebela contra los actos de la autoridad que, mediante el terror y la opresión, pretenden someterlos a una vida cada vez más insoportable e inhumana. A esta cruda realidad se agrega la actual recesión de la economía de los Estados Unidos, que es el destino del 88 por ciento de nuestras exportaciones, la cual necesariamente repercutirá en una menor generación de empleos en nuestro país. Urge, pues, un cambio de rumbo, una política menos parcial a favor de los que más tienen y más atenta y sensible a los problemas de los más pobres. De no hacerlo así, no estará lejos el riesgo de una revuelta social cuyas dimensiones y consecuencias nadie quiere imaginar.
RECLAMOS Y REBELDÍAS DEL PUEBLO
Mientras siguen los controvertidos operativos del Ejército Mexicano para combatir al narcotráfico en varios puntos de la República, en la Delegación Iztapalapa, una de las zonas más pobladas del Distrito Federal, se registraron recientemente dos acontecimientos que terminaron en sendos enfrentamientos entre ciudadanos y policías. En uno de ellos, habitantes del predio La Magueyera se enfrentaron con elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), luego que autoridades de la Compañía de Luz y Fuerza habían solicitado la intervención del Ministerio Público Federal para retirar los llamados “diablitos” que habitantes del lugar tienen instalados para obtener energía eléctrica. Llama la atención el hecho de que la mayoría de quienes se enfrentaron a los agentes de la AFI, que iban armados, eran mujeres quienes, con cubetadas de agua, gritos y empujones hicieron marchar a los agentes y empleados de la compañía. El segundo de ellos, tuvo lugar en el tianguis El Salado donde comerciantes informales se enfrentaron con policías y granaderos luego de un operativo mediante el que se decomisaron principalmente pacas de ropa. La primera arremetida de los policías y granaderos no tuvo éxito, pues los comerciantes y vecinos los superaban en número y determinación, por lo que, al igual que en el caso de La Magueyera, tuvieron que replegarse.
Ciertamente, no son éstos los únicos ni los más sobresalientes hechos recientes en la capital, pero sí son una muestra del descontento creciente entre la población más desprotegida que cada vez más se siente pisoteada en sus derechos y en su dignidad. Veamos. En el caso de La Magueyera, los vecinos aseguran que existe un convenio con la paraestatal para regularizarles el servicio de energía eléctrica desde hace cuatro años, que ellos ya cubrieron la cantidad que les corresponde y que quien ha incumplido con su responsabilidad es la autoridad delegacional, que no ha cubierto la parte que se comprometió aportar. Resulta evidente que la oposición de los vecinos al intento de dejarlos sin el servicio es totalmente justificada y que el Ministerio Público Federal, antes de enviar a los agentes federales, debía haber investigado y llamar a las partes involucradas. Pero, lejos de ello, como ya queda dicho, los mandó en apoyo a la ejecución del corte del servicio. La reacción, como era de esperarse, fue de reclamo y rebeldía por parte de los afectados.
El segundo de los casos, se suma a la cadena de persecuciones, decomisos y desalojos que en fechas recientes han venido sufriendo los comerciantes ambulantes, a quienes el Gobierno del Distrito Federal (GDF) pretende borrar de la geografía capitalina sin darles una verdadera alternativa de solución para mantenerse, ya sea a través de esta actividad o de cualquier otra. Como se sabe, el GDF se ha puesto a limpiar de ambulantes el Centro Histórico de la capital argumentando varias razones que, si bien algunas de ellas son reales y necesarias, no atacan el fondo del problema que cada vez afecta a un mayor número de familias: el desempleo. Los comerciantes ambulantes que, como cualquier ser humano necesitan comer, vuelven a aparecer, como hongos después de la lluvia, sin que los constantes desalojos de que son objeto los hagan desistir de instalar su “comercio” allí donde pueden encontrar clientela. Los zafarranchos como el ocurrido en El Salado se han vuelto cada vez más frecuentes y en no pocas ocasiones han acabado en lo mismo: la policía ha tenido que retirarse sin cumplir totalmente con su cometido, dejando mayor descontento y rebeldía entre los afectados.
Los ejemplos aquí citados son ilustrativos de que es falsa la apreciación del gobierno en el sentido de que armando más y mejor a la policía, haciéndola más desalmada e intolerante, se acabará con la pobreza que, lejos de desaparecer o ir en franca disminución, cada día se acrecienta más y más. La solución a la pobreza hay que sacarla de la realidad misma, y la realidad actual del país nos indica que el crecimiento de nuestra economía difícilmente rebasa el 2% anual; que mientras en los países de capitalismo desarrollado los gobiernos recaudan el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) a través de los impuestos, en México se recauda sólo el 19%, con el agravante de que más de la mitad de este porcentaje lo pagan los trabajadores; que el desempleo ronda a casi la mitad de la población económicamente activa y que cada año medio millón de mexicanos emigra a los Estados Unidos para no morirse de hambre. En pocas y claras palabras, la clase más rica no está invirtiendo su dinero en el país para generar empleos ni en la cantidad ni en calidad que se requieren ni tampoco está pagando impuestos, de cuyos ingresos requiere el Estado para crear la infraestructura y los servicios que el país necesita.
Como resultado de esa realidad, tenemos que los más pobres salen a vender lo que encuentran porque no hay trabajo, que el crecimiento del crimen y de la delincuencia crece todos los días como la espuma porque no hay trabajo, que la gente más necesitada empieza a rebelarse porque sus justos reclamos de servicios elementales no se resuelven y se rebela contra los actos de la autoridad que, mediante el terror y la opresión, pretenden someterlos a una vida cada vez más insoportable e inhumana. A esta cruda realidad se agrega la actual recesión de la economía de los Estados Unidos, que es el destino del 88 por ciento de nuestras exportaciones, la cual necesariamente repercutirá en una menor generación de empleos en nuestro país. Urge, pues, un cambio de rumbo, una política menos parcial a favor de los que más tienen y más atenta y sensible a los problemas de los más pobres. De no hacerlo así, no estará lejos el riesgo de una revuelta social cuyas dimensiones y consecuencias nadie quiere imaginar.
domingo, 4 de mayo de 2008
DÍA DEL TRABAJO
SALARIOS DIGNOS: RECLAMO EN ESTE 1º DE MAYO
Adriana Argudín Palavicini
Alrededor del mundo las manifestaciones de trabajadores tuvieron un reclamo común: mejores salarios para afrontar el alza de los precios de los alimentos. Apenas unos días antes, en el contexto de las discusiones sobre la crisis alimentaria que amenaza a millones de personas en el mundo, Jean Ziegler, relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, calificó la producción masiva de biocombustibles de “crimen contra la humanidad” y advirtió que el mundo se encamina “hacia un largo período de motines”. Ziegler fue más allá y señaló claramente a los culpables: la política aberrante del Fondo Monetario Internacional, el dumping agrícola de la Unión Europea en África, la especulación bursátil internacional de las materias primas engendrada por los biocombustibles, el gobierno de Estados Unidos y la Organización Mundial del Comercio.
La justeza del masivo reclamo en el Día Internacional del Trabajo es indudable pues en nuestros días, junto a la mayor riqueza producida en el mundo, se levanta, insultante, una enorme miseria de pueblos enteros resultado del hambre de enriquecimiento de unos cuantos, de aquéllos a los que el gran Carlos Marx llamó “artistas de la plusvalía”. Unos, los menos, tienen un hambre atroz de riquezas; otros, los más, tienen hambre de alimentos. De ahí que las grandes economías mundiales hayan hecho caso omiso de las advertencias que organismos como el Fondo de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ya les había hecho, y hayan procedido como lo han venido haciendo: los señores del dinero, simplemente, han dejado correr las cosas hasta llegar a la situación actual, que ha comenzado a considerarse como la primera gran crisis alimenticia desde la II Guerra Mundial de la que ya se ven directamente afectados más de 37 países de África, Asia y América Latina que representan un total de 89 millones de personas.
A nivel mundial, según datos de la FAO, en el último año el precio de los cereales, especialmente el trigo, aumentó 130%; el del arroz, que es el alimento más consumido del planeta, aumentó 74%, y el del maíz, 53%; y lo mismo ha ocurrido con otros productos básicos como el aceite, la leche y la carne entre otros. En México, el gobernador del Banco de México (Banxico), Guillermo Ortiz, recién declaró que "el poder de compra de los mexicanos se va perdiendo ante una mayor inflación por el alza en el precio de los alimentos y energéticos" y que en los siguientes meses habrá un aumento del precio del maíz blanco, lo cual traerá aumento en los precios de la harina de maíz y de la tortilla.
Algunos especialistas en el tema han coincidido en que detrás del incremento en los precios de los alimentos está el aumento del precio del petróleo, que ha alcanzado niveles históricos, lo que ha traído el incremento en los precios de los combustibles para la maquinaria y el transporte que se emplean en la producción agrícola impactando el precio final de los granos. Derivado del alto precio del petróleo y, por supuesto, bajo el criterio de la obtención de la máxima ganancia en el mínimo de tiempo posible, los grandes capitalistas lo han venido sustituyendo por biocombustibles, como el etanol, alcohol que se produce a partir de la fermentación de los azúcares que se encuentran en varios cultivos energéticos, utilizando las reservas de agua y causando el desvío de tierras y capitales a una mayor producción de este tipo de combustibles en detrimento de los cultivos de plantas comestibles que se han convertido así de alimentos en simples medios para incrementar la producción y la productividad.
Y, como no conviene matar de hambre a “la gallina de los huevos de oro”, no sólo la ONU, sino hasta los grandes bandidos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, han lanzado gritos de alerta llamando a los gobiernos a intervenir urgentemente para evitar el “cataclismo alimentario" que puede llegar, según su apreciación, hasta el estallido de una guerra. Así las cosas, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, está llamando a los donantes del Programa Mundial de Alimentos de la ONU -conocido como PAM- para que aumenten sus donaciones, pues según sus cálculos, en estos momentos se requieren 2 mil 500 millones de dólares para hacer frente a esta crisis. A este llamado ha acudido pronto el presidente estadounidense, George W. Bush, pidiendo al congreso 770 millones de dólares en ayuda alimentaria para “tratar de paliar” esta crisis alimenticia. Con esta bicoca pretende zafarse de su responsabilidad quien hace poco más de un año denunciara el ex presidente cubano Fidel Castro, como el promotor de "la idea siniestra de convertir los alimentos en combustible".
Lo cierto es que de seguir esta tendencia en la agricultura moderna, la misma suerte que ya cubre a millones de pobres y hambrientos en el planeta, junto con el agotamiento de los recursos agrícolas, se extinguirá también la posibilidad de un mejor futuro para nuestros hijos. No es, pues, nada difícil detectar el peligro que se cierne sobre los pobres y, más todavía, sobre la humanidad entera. No han estado, pues, fuera de la problemática mundial, sino muy centrados en ella, los reclamos de la clase obrera, de quienes producen la riqueza y no disfrutan de ella.
Adriana Argudín Palavicini
Alrededor del mundo las manifestaciones de trabajadores tuvieron un reclamo común: mejores salarios para afrontar el alza de los precios de los alimentos. Apenas unos días antes, en el contexto de las discusiones sobre la crisis alimentaria que amenaza a millones de personas en el mundo, Jean Ziegler, relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, calificó la producción masiva de biocombustibles de “crimen contra la humanidad” y advirtió que el mundo se encamina “hacia un largo período de motines”. Ziegler fue más allá y señaló claramente a los culpables: la política aberrante del Fondo Monetario Internacional, el dumping agrícola de la Unión Europea en África, la especulación bursátil internacional de las materias primas engendrada por los biocombustibles, el gobierno de Estados Unidos y la Organización Mundial del Comercio.
La justeza del masivo reclamo en el Día Internacional del Trabajo es indudable pues en nuestros días, junto a la mayor riqueza producida en el mundo, se levanta, insultante, una enorme miseria de pueblos enteros resultado del hambre de enriquecimiento de unos cuantos, de aquéllos a los que el gran Carlos Marx llamó “artistas de la plusvalía”. Unos, los menos, tienen un hambre atroz de riquezas; otros, los más, tienen hambre de alimentos. De ahí que las grandes economías mundiales hayan hecho caso omiso de las advertencias que organismos como el Fondo de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ya les había hecho, y hayan procedido como lo han venido haciendo: los señores del dinero, simplemente, han dejado correr las cosas hasta llegar a la situación actual, que ha comenzado a considerarse como la primera gran crisis alimenticia desde la II Guerra Mundial de la que ya se ven directamente afectados más de 37 países de África, Asia y América Latina que representan un total de 89 millones de personas.
A nivel mundial, según datos de la FAO, en el último año el precio de los cereales, especialmente el trigo, aumentó 130%; el del arroz, que es el alimento más consumido del planeta, aumentó 74%, y el del maíz, 53%; y lo mismo ha ocurrido con otros productos básicos como el aceite, la leche y la carne entre otros. En México, el gobernador del Banco de México (Banxico), Guillermo Ortiz, recién declaró que "el poder de compra de los mexicanos se va perdiendo ante una mayor inflación por el alza en el precio de los alimentos y energéticos" y que en los siguientes meses habrá un aumento del precio del maíz blanco, lo cual traerá aumento en los precios de la harina de maíz y de la tortilla.
Algunos especialistas en el tema han coincidido en que detrás del incremento en los precios de los alimentos está el aumento del precio del petróleo, que ha alcanzado niveles históricos, lo que ha traído el incremento en los precios de los combustibles para la maquinaria y el transporte que se emplean en la producción agrícola impactando el precio final de los granos. Derivado del alto precio del petróleo y, por supuesto, bajo el criterio de la obtención de la máxima ganancia en el mínimo de tiempo posible, los grandes capitalistas lo han venido sustituyendo por biocombustibles, como el etanol, alcohol que se produce a partir de la fermentación de los azúcares que se encuentran en varios cultivos energéticos, utilizando las reservas de agua y causando el desvío de tierras y capitales a una mayor producción de este tipo de combustibles en detrimento de los cultivos de plantas comestibles que se han convertido así de alimentos en simples medios para incrementar la producción y la productividad.
Y, como no conviene matar de hambre a “la gallina de los huevos de oro”, no sólo la ONU, sino hasta los grandes bandidos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, han lanzado gritos de alerta llamando a los gobiernos a intervenir urgentemente para evitar el “cataclismo alimentario" que puede llegar, según su apreciación, hasta el estallido de una guerra. Así las cosas, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, está llamando a los donantes del Programa Mundial de Alimentos de la ONU -conocido como PAM- para que aumenten sus donaciones, pues según sus cálculos, en estos momentos se requieren 2 mil 500 millones de dólares para hacer frente a esta crisis. A este llamado ha acudido pronto el presidente estadounidense, George W. Bush, pidiendo al congreso 770 millones de dólares en ayuda alimentaria para “tratar de paliar” esta crisis alimenticia. Con esta bicoca pretende zafarse de su responsabilidad quien hace poco más de un año denunciara el ex presidente cubano Fidel Castro, como el promotor de "la idea siniestra de convertir los alimentos en combustible".
Lo cierto es que de seguir esta tendencia en la agricultura moderna, la misma suerte que ya cubre a millones de pobres y hambrientos en el planeta, junto con el agotamiento de los recursos agrícolas, se extinguirá también la posibilidad de un mejor futuro para nuestros hijos. No es, pues, nada difícil detectar el peligro que se cierne sobre los pobres y, más todavía, sobre la humanidad entera. No han estado, pues, fuera de la problemática mundial, sino muy centrados en ella, los reclamos de la clase obrera, de quienes producen la riqueza y no disfrutan de ella.
lunes, 28 de abril de 2008
DERECHOS HUMANOS
Muy respetable Señor Director:
Mucho le agradeceremos la publicación de la presente carta en su prestigiado medio. Nuestra Agrupación Política Nacional, que ostenta con orgullo el nombre del ilustre mexicano José María Luis Mora, precursor de la Constitución de 1857 y dirigente del grupo de liberales que redactó la primera Constitución para el Estado de México, se manifiesta en total y absoluto desacuerdo con el plebiscito que el día de hoy está llevando a cabo el presidente municipal de Texcoco, Constanzo de la Vega Membrillo, en virtud de que es violatorio de la Garantía Individual consagrada en nuestra Carta Magna en su Artículo Primero, pues mediante este acto se pretende discriminar a un grupo de mexicanos que, al igual que el resto de nosotros, tienen el derecho humano de elegir su lugar de residencia. Y, más grave aún, cuando ha quedado claro que tal discriminación está motivada por la condición social de ese grupo de familias, con lo cual se atenta contra la dignidad humana y se pretende anular los derechos y libertades de estas personas.
Asimismo, desde nuestro punto de vista, es grave y reprochable que el presidente municipal de Texcoco se dé el lujo de gastar millones de pesos de los contribuyentes en una campaña de discriminación que, como se desprende de la misma, genere rechazo y odio entre los mexicanos cuando lo que debería buscar, como autoridad política y administrativa, es la vigencia de la convivencia armónica y la unidad de sus habitantes para impulsar el desarrollo económico, social y cultural del municipio. Sería muy lamentable que quienes lo llevaron a ejercer su cargo crean que mediante la división y el encono es posible lograr una sociedad más justa y equitativa.
“Con ansia yo quiero, anhelo
la amistad, la nobleza,
la comunidad.
Con cantos floridos yo vivo”.
(Del poema “He llegado aquí”, de Nezahualcóyotl).
ATENTAMENTE.
LIC. ADRIANA ARGUDÍN PALAVICINI,
PRESIDENTA.
Mucho le agradeceremos la publicación de la presente carta en su prestigiado medio. Nuestra Agrupación Política Nacional, que ostenta con orgullo el nombre del ilustre mexicano José María Luis Mora, precursor de la Constitución de 1857 y dirigente del grupo de liberales que redactó la primera Constitución para el Estado de México, se manifiesta en total y absoluto desacuerdo con el plebiscito que el día de hoy está llevando a cabo el presidente municipal de Texcoco, Constanzo de la Vega Membrillo, en virtud de que es violatorio de la Garantía Individual consagrada en nuestra Carta Magna en su Artículo Primero, pues mediante este acto se pretende discriminar a un grupo de mexicanos que, al igual que el resto de nosotros, tienen el derecho humano de elegir su lugar de residencia. Y, más grave aún, cuando ha quedado claro que tal discriminación está motivada por la condición social de ese grupo de familias, con lo cual se atenta contra la dignidad humana y se pretende anular los derechos y libertades de estas personas.
Asimismo, desde nuestro punto de vista, es grave y reprochable que el presidente municipal de Texcoco se dé el lujo de gastar millones de pesos de los contribuyentes en una campaña de discriminación que, como se desprende de la misma, genere rechazo y odio entre los mexicanos cuando lo que debería buscar, como autoridad política y administrativa, es la vigencia de la convivencia armónica y la unidad de sus habitantes para impulsar el desarrollo económico, social y cultural del municipio. Sería muy lamentable que quienes lo llevaron a ejercer su cargo crean que mediante la división y el encono es posible lograr una sociedad más justa y equitativa.
“Con ansia yo quiero, anhelo
la amistad, la nobleza,
la comunidad.
Con cantos floridos yo vivo”.
(Del poema “He llegado aquí”, de Nezahualcóyotl).
ATENTAMENTE.
LIC. ADRIANA ARGUDÍN PALAVICINI,
PRESIDENTA.
JARDÍN DE LA CORREGIDORA
LEGÍTIMA DEFENSA
Laura Castillo García
Si los deja el presidente municipal de Texcoco, estado de México, Constanzo de la Vega Membrillo, es decir, si el perredista no actúa como gorila -como lo demostró el pasado 2 de abril del presente en que ordenó poner vallas metálicas de hasta dos metros de altura y barricadas en todo el centro de esa ciudad mexiquense, y hasta apostó a tres mil policías por todo el territorio para intimidar a las 15 mil personas que ese día realizaron una marcha- el día de hoy 30 mil ciudadanos mexiquenses marcharán por las principales calles de Texcoco para manifestar su repudio a la decisión del edil texcocano de no autorizar el cambio de uso de suelo de un predio denominado Rancho Santa Martha, para que dos mil familias de escasos recursos económicos edifiquen ahí sus viviendas.
La mega movilización convocada por la organización social Antorcha Popular, es la respuesta de los mexiquenses aglutinados en la organización de los pobres de México, a la negativa rotunda del edil perredista de autorizar que los propietarios del predio denominado Rancho Santa Martha lo fraccionen y construyan ahí sus viviendas, y a la campaña de injurias y calumnias que el edil ha instrumentado en su contra, y en la que ha gastado millones de pesos del erario.
Pero no sólo eso, la mega movilización es la legítima defensa del pueblo organizado al inconstitucional plebiscito al que convocó De la Vega Membrillo -también el día de hoy- para luego, según él, tener argumentos de peso como el que “los texcocanos ya hablaron y se opusieron” o “yo nada más cumplo las órdenes que me dieron los texcocanos”, para volver a negar el cambio de uso de suelo del rancho Santa Martha, de agrícola a habitacional.
Es legítima defensa porque -a diferencia del alcalde perredista que en el discurso dice que él siempre actúa conforme la ley, pero que la violenta cada vez que sus intereses se ven amenazados- con la mega movilización los antorchistas no sólo están defendiendo su derecho a hacer con su propiedad lo que mejor crean conveniente, sino que están defendiendo el derecho constitucional de todo mexicano a una vivienda digna.
Y aunque no fuera por otra cosa, pero por esto, y sólo por esto, porque los antorchistas defienden un derecho constitucional que beneficia a todos los mexicanos, los texcocanos pensantes deberían proponerse darle una lección a su presidente municipal, que cada vez está más lejos de la gente, y no participar en el inconstitucional plebiscito que, es más que claro, va en contra de los humildes propietarios del Rancho Santa Martha.
En cuanto a la mega movilización de los antorchistas, es claro que a alguien va a afectar porque es imposible que los 30 mil participantes se manifiesten en el aire; pero ni modo, cuando los gobernantes son tozudos y, sobre todo, cuando sus intereses están de por medio, no hay otra manera de hacer que respeten los derechos de los pobres más que mostrando públicamente su rechazo a las decisiones de los gobernantes contrarios a los intereses del pueblo.
Por ejemplo, hace quince días informé aquí que el Coordinador operativo del Comité de Planeación del Desarrollo Social en el estado de Querétaro (Copladeq), Santos Degollado Gámez, negaba la autorización para que los vecinos de la colonia Carlos María de Bustamante utilizaran los servicios de agua potable y drenaje que están concluidos desde dos meses. Luego de varias movilizaciones, pequeñas y grandes, que los colonos han realizado, lograron que la dependencia accediera a hacer los contratos de agua potable para que, por fin, la gente de esa colonia popular pueda acceder al líquido sin el que no puede vivir la gente, y mucho menos en este tiempo de tanto calor.
Con sus movilizaciones, los vecinos de la colonia popular Carlos María de Bustamante, también lograron el compromiso gubernamental de que en un mes iniciarán los trabajos de luz eléctrica y de las obras de introducción de servicios urbanos en tres manzanas que habían quedado pendientes. Ahora, los colonos sólo esperan que dichos compromisos sean cumplidos en tiempo y forma por la dependencia, pero dicen que si no se hubieran movilizado y exigido sus derechos a través de movilizaciones, todavía estarían esperando que el gobierno se acordara de ellos.
Laura Castillo García
Si los deja el presidente municipal de Texcoco, estado de México, Constanzo de la Vega Membrillo, es decir, si el perredista no actúa como gorila -como lo demostró el pasado 2 de abril del presente en que ordenó poner vallas metálicas de hasta dos metros de altura y barricadas en todo el centro de esa ciudad mexiquense, y hasta apostó a tres mil policías por todo el territorio para intimidar a las 15 mil personas que ese día realizaron una marcha- el día de hoy 30 mil ciudadanos mexiquenses marcharán por las principales calles de Texcoco para manifestar su repudio a la decisión del edil texcocano de no autorizar el cambio de uso de suelo de un predio denominado Rancho Santa Martha, para que dos mil familias de escasos recursos económicos edifiquen ahí sus viviendas.
La mega movilización convocada por la organización social Antorcha Popular, es la respuesta de los mexiquenses aglutinados en la organización de los pobres de México, a la negativa rotunda del edil perredista de autorizar que los propietarios del predio denominado Rancho Santa Martha lo fraccionen y construyan ahí sus viviendas, y a la campaña de injurias y calumnias que el edil ha instrumentado en su contra, y en la que ha gastado millones de pesos del erario.
Pero no sólo eso, la mega movilización es la legítima defensa del pueblo organizado al inconstitucional plebiscito al que convocó De la Vega Membrillo -también el día de hoy- para luego, según él, tener argumentos de peso como el que “los texcocanos ya hablaron y se opusieron” o “yo nada más cumplo las órdenes que me dieron los texcocanos”, para volver a negar el cambio de uso de suelo del rancho Santa Martha, de agrícola a habitacional.
Es legítima defensa porque -a diferencia del alcalde perredista que en el discurso dice que él siempre actúa conforme la ley, pero que la violenta cada vez que sus intereses se ven amenazados- con la mega movilización los antorchistas no sólo están defendiendo su derecho a hacer con su propiedad lo que mejor crean conveniente, sino que están defendiendo el derecho constitucional de todo mexicano a una vivienda digna.
Y aunque no fuera por otra cosa, pero por esto, y sólo por esto, porque los antorchistas defienden un derecho constitucional que beneficia a todos los mexicanos, los texcocanos pensantes deberían proponerse darle una lección a su presidente municipal, que cada vez está más lejos de la gente, y no participar en el inconstitucional plebiscito que, es más que claro, va en contra de los humildes propietarios del Rancho Santa Martha.
En cuanto a la mega movilización de los antorchistas, es claro que a alguien va a afectar porque es imposible que los 30 mil participantes se manifiesten en el aire; pero ni modo, cuando los gobernantes son tozudos y, sobre todo, cuando sus intereses están de por medio, no hay otra manera de hacer que respeten los derechos de los pobres más que mostrando públicamente su rechazo a las decisiones de los gobernantes contrarios a los intereses del pueblo.
Por ejemplo, hace quince días informé aquí que el Coordinador operativo del Comité de Planeación del Desarrollo Social en el estado de Querétaro (Copladeq), Santos Degollado Gámez, negaba la autorización para que los vecinos de la colonia Carlos María de Bustamante utilizaran los servicios de agua potable y drenaje que están concluidos desde dos meses. Luego de varias movilizaciones, pequeñas y grandes, que los colonos han realizado, lograron que la dependencia accediera a hacer los contratos de agua potable para que, por fin, la gente de esa colonia popular pueda acceder al líquido sin el que no puede vivir la gente, y mucho menos en este tiempo de tanto calor.
Con sus movilizaciones, los vecinos de la colonia popular Carlos María de Bustamante, también lograron el compromiso gubernamental de que en un mes iniciarán los trabajos de luz eléctrica y de las obras de introducción de servicios urbanos en tres manzanas que habían quedado pendientes. Ahora, los colonos sólo esperan que dichos compromisos sean cumplidos en tiempo y forma por la dependencia, pero dicen que si no se hubieran movilizado y exigido sus derechos a través de movilizaciones, todavía estarían esperando que el gobierno se acordara de ellos.
sábado, 26 de abril de 2008
REFORMA ENERGÉTICA
REACCIÓN DE LA DERECHA
Adriana Argudín Palavicini *
Durante la semana pasada, estuvimos atentos a los acontecimientos suscitados por la toma del H. Congreso de la Unión. Fue inevitable no estarlo pues, además de algunas marchas y del plantón que realizaron las “adelitas” encabezadas por su “generala” Claudia Sheinbaum, se hizo evidente la movilización de la fuerza pública y fueron abundantes los espacios que los medios informativos dedicaron al seguimiento de estos hechos.
Como todos ya sabemos, la mayoría legislativa no intentó retomar y liberar las tribunas –a pesar de algunas propuestas en este sentido- sino que han venido realizado sus sesiones en recintos alternos de ambas cámaras, con lo cual los legisladores del FAP han quedado, por lo pronto, autoexcluídos de los trabajos del Congreso de la Unión. Y, si así han marchado las cosas hasta hoy, ¿quién les asegura que el argumento central de su acción, es decir, la probable aprobación de la reforma energética, no se haga sin su presencia?
Pero, como todo en política tiene solución, sobre todo cuando, en el fondo, no existen verdaderas diferencias de intereses, se vislumbra ya un final a este conflicto con el inicio de pláticas del PRI y PAN con los legisladores del FAP en los que hay, según asegura el perredista Ricardo Monreal, “apertura y flexibilidad”. Habrá que ver en qué terminan estas pláticas que, según las últimas noticias, se reduce al acuerdo del plazo en que deberá discutirse la reforma en cuestión.
Otra ha sido la reacción de la derecha mexicana, en especial la de un sector al que se ha identificado con la ultraderechista organización de El Yunque. Bajo el pretexto de señalar la ilegalidad de los legisladores “golpistas”, salieron a relucir los poderosos intereses de quienes pretenden obtener jugosísimas ganancias vía la privatización de PEMEX. Cuando parecía que habían quedado atrás las no muy lejanas y nocivas prácticas de influir en los mexicanos por la vía de denostar, calumniar y difamar a los contrincantes a través de campañas en radio y televisión, resulta que en millones de hogares mexicanos se pudo ver el espot televisivo “¿Quiénes toman los congresos?”, patrocinado por la organización “Mejor Sociedad Mejor Gobierno” que preside José Guillermo Velasco Arzac, también presidente de “Coordinadora Ciudadana”, Agrupación Política Nacional con registro ante el IFE desde 1997.
El espot de marras, en el que se compara al perredista Andrés Manuel López Obrador, con los dictadores Hitler, Mussolini, Pinochet y Victoriano Huerta, ha traído a la memoria de muchos mexicanos aquél espot, lanzado también en su contra cuando era candidato a la Presidencia de la República en el que se le comparaba con el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, con el claro objetivo de sembrar el temor y la desconfianza entre sus posibles votantes e inclinar la balanza a favor del candidato del PAN. Una vez más ha salido a la luz la intolerancia extrema de los grupos de poder económico y político en nuestro país que aún ante una tímida resistencia que sólo reclama charlar más tiempo sobre el tema de la reforma energética, no dudan de echar mano de todo su poder mediático para mantener y acrecentar sus descomunales privilegios.
Y, si bien es cierto que el IFE acaba de ordenar a Televisa que deje de transmitir en forma definitiva tal espot y ha declarado que tanto dicha empresa como la organización contratante pueden ser sancionadas conforme lo ordena la nueva ley electoral, existen claros indicios –que parten de la propia Secretaría de Gobernación-, de que la campaña derechista apenas comienza. Resulta que para la subsecretaria de Normatividad de Medios (de la Segob), Irma Pía González Luna, el nuevo marco normativo electoral “pone en duda si esto se permite o no se permite” pues “los requerimientos y las nuevas disposiciones tienen que ver con actos de campaña y en este momento no hay ninguna . . .” y, ya para rematar y para que a nadie le quede duda de qué lado está la señora subsecretaria, sostuvo que “todo grupo ciudadano tiene derecho y todos los espacios para poder expresarse en lo que está de acuerdo”.
El IFE, en su carácter de autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión, está obligado a atender las quejas y denuncias por la violación a las normas y aplicar las sanciones correspondientes a los infractores, sin perjuicio de las demás sanciones a que se hagan acreedores.
*Presidenta de la Agrupación
Humanista Demócrata José María Luis Mora.
Adriana Argudín Palavicini *
Durante la semana pasada, estuvimos atentos a los acontecimientos suscitados por la toma del H. Congreso de la Unión. Fue inevitable no estarlo pues, además de algunas marchas y del plantón que realizaron las “adelitas” encabezadas por su “generala” Claudia Sheinbaum, se hizo evidente la movilización de la fuerza pública y fueron abundantes los espacios que los medios informativos dedicaron al seguimiento de estos hechos.
Como todos ya sabemos, la mayoría legislativa no intentó retomar y liberar las tribunas –a pesar de algunas propuestas en este sentido- sino que han venido realizado sus sesiones en recintos alternos de ambas cámaras, con lo cual los legisladores del FAP han quedado, por lo pronto, autoexcluídos de los trabajos del Congreso de la Unión. Y, si así han marchado las cosas hasta hoy, ¿quién les asegura que el argumento central de su acción, es decir, la probable aprobación de la reforma energética, no se haga sin su presencia?
Pero, como todo en política tiene solución, sobre todo cuando, en el fondo, no existen verdaderas diferencias de intereses, se vislumbra ya un final a este conflicto con el inicio de pláticas del PRI y PAN con los legisladores del FAP en los que hay, según asegura el perredista Ricardo Monreal, “apertura y flexibilidad”. Habrá que ver en qué terminan estas pláticas que, según las últimas noticias, se reduce al acuerdo del plazo en que deberá discutirse la reforma en cuestión.
Otra ha sido la reacción de la derecha mexicana, en especial la de un sector al que se ha identificado con la ultraderechista organización de El Yunque. Bajo el pretexto de señalar la ilegalidad de los legisladores “golpistas”, salieron a relucir los poderosos intereses de quienes pretenden obtener jugosísimas ganancias vía la privatización de PEMEX. Cuando parecía que habían quedado atrás las no muy lejanas y nocivas prácticas de influir en los mexicanos por la vía de denostar, calumniar y difamar a los contrincantes a través de campañas en radio y televisión, resulta que en millones de hogares mexicanos se pudo ver el espot televisivo “¿Quiénes toman los congresos?”, patrocinado por la organización “Mejor Sociedad Mejor Gobierno” que preside José Guillermo Velasco Arzac, también presidente de “Coordinadora Ciudadana”, Agrupación Política Nacional con registro ante el IFE desde 1997.
El espot de marras, en el que se compara al perredista Andrés Manuel López Obrador, con los dictadores Hitler, Mussolini, Pinochet y Victoriano Huerta, ha traído a la memoria de muchos mexicanos aquél espot, lanzado también en su contra cuando era candidato a la Presidencia de la República en el que se le comparaba con el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, con el claro objetivo de sembrar el temor y la desconfianza entre sus posibles votantes e inclinar la balanza a favor del candidato del PAN. Una vez más ha salido a la luz la intolerancia extrema de los grupos de poder económico y político en nuestro país que aún ante una tímida resistencia que sólo reclama charlar más tiempo sobre el tema de la reforma energética, no dudan de echar mano de todo su poder mediático para mantener y acrecentar sus descomunales privilegios.
Y, si bien es cierto que el IFE acaba de ordenar a Televisa que deje de transmitir en forma definitiva tal espot y ha declarado que tanto dicha empresa como la organización contratante pueden ser sancionadas conforme lo ordena la nueva ley electoral, existen claros indicios –que parten de la propia Secretaría de Gobernación-, de que la campaña derechista apenas comienza. Resulta que para la subsecretaria de Normatividad de Medios (de la Segob), Irma Pía González Luna, el nuevo marco normativo electoral “pone en duda si esto se permite o no se permite” pues “los requerimientos y las nuevas disposiciones tienen que ver con actos de campaña y en este momento no hay ninguna . . .” y, ya para rematar y para que a nadie le quede duda de qué lado está la señora subsecretaria, sostuvo que “todo grupo ciudadano tiene derecho y todos los espacios para poder expresarse en lo que está de acuerdo”.
El IFE, en su carácter de autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión, está obligado a atender las quejas y denuncias por la violación a las normas y aplicar las sanciones correspondientes a los infractores, sin perjuicio de las demás sanciones a que se hagan acreedores.
*Presidenta de la Agrupación
Humanista Demócrata José María Luis Mora.
miércoles, 16 de abril de 2008
REFORMA ENERGÉTICA
LA SOBERANÍA DEL PUEBLO, DOBLEMENTE PISOTEADA
Adriana Argudín Palavicini
La “clausura” del Congreso de la Unión por parte de los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), con el objetivo de evitar la aprobación de la iniciativa presidencial en materia petrolera, ha despertado más críticas y condenas que adhesiones y simpatías. Los medios masivos de comunicación se han dado vuelo utilizando un sinnúmero de calificativos en contra de los autores materiales e intelectuales de esta acción y han dado espacio a todos aquellos que manifiesten su descontento y condena al respecto.
Esta acción contradice a la democracia de la que tanto alardean nuestros legisladores, pues si la democracia es una forma de gobierno en la que los asuntos se resuelven por la vía de la discusión y de los acuerdos ¿cómo es que los señores del FAP, por sí y ante sí, deciden cerrar la máxima tribuna nacional de discusión? No creo que un acto de imposición, como ellos sostienen que se pretende hacer con esta iniciativa de reforma del Presidente Calderón, deba resolverse con otro acto de imposición. En todo caso, los legisladores ya sabían que, tarde o temprano, se presentaría tal iniciativa ¿por qué no trataron de discutir y cabildear previamente? Y, si como minoría en el Congreso, ello no se les facilitaba ¿por qué no realizaron previamente una amplia campaña para dar a conocer a los mexicanos las implicaciones de la iniciativa de la reforma energética? ¿Por qué no acudir al pueblo a explicarle lo que se pretende hacer con su mayor riqueza? En este sentido, los legisladores del FAP andan, con todo respeto sea dicho, un poco mal, pues empezaron su resistencia al revés. En lugar de haber dejado la “clausura” del Congreso como un último recurso después de haber agotado previamente todas las vías posibles de diálogo y discusión entre los partidos políticos con representación en la Cámara, la convierten en el arranque de una campaña de resistencia para evitar la aprobación de la reforma en cuestión. Pero, como todos sabemos, a toda acción corresponde una reacción, así que habrá que ver qué acciones emprenderán el resto de los legisladores que conforman la mayoría parlamentaria.
Evidentemente, el tema es de los más vitales e importantes ya que se trata de la soberanía nacional, es decir, del pueblo mexicano, en tanto que se pretende discutir sobre el dominio de la mayor riqueza nacional que posee: el petróleo. Ningún mexicano en su sano juicio se opone a la necesidad de cuidar que nuestra riqueza petrolera se conserve y se modernice; sin embargo, el punto de la discusión está en cómo lograrlo. Hay quienes aseguran, empezando por el propio Presidente Calderón, que lo que se requiere, y de manera urgente, es de inversión privada -nacional o extranjera-, pues el gobierno no tiene los recursos para ello. Y, aunque insisten en que ello no significa, ni por asomo, que se pretenda la privatización de PEMEX, es un hecho que si se trata de poner en manos del capital privado la exploración y extracción de crudo, serán los dueños de tal capital quienes provean de la materia prima a todas las demás ramas de la petroquímica y con ello la industria petrolera entera pasaría a manos privadas, aunque formalmente siga siendo propiedad de la nación.
Frente a esta postura hay quienes han dicho que, en efecto, PEMEX viene enfrentando dificultades financieras desde hace varios sexenios pero no por el hecho de que sea un mal negocio sino porque el Estado mexicano ha obtenido de la paraestatal la mayor parte de sus ingresos para el gasto público. Algunos datos relativos a PEMEX que, por cierto, es la empresa pública más importante de América Latina, nos indican que apenas el año pasado se destacó por ser la empresa petrolera más rentable en el mundo pues obtuvo utilidades por 660 mil 152 millones de pesos. Sin embargo, se la ha ido descapitalizando sistemáticamente por la vía de cobrarle impuestos más allá de sus posibilidades económicas. En el mismo año de 2007, la Secretaría de Hacienda le cobró impuestos por 676 mil 278 millones de pesos, cantidad superior a sus utilidades con lo cual, como es lógico, la llevó a tener pérdidas por un monto superior a los 16 mil millones de pesos. Con este irracional sangrado está claro que ninguna empresa puede prosperar y modernizarse.
Aunado a su papel de “caja chica” del gobierno por varios sexenios, se sabe que ha padecido también del mal del burocratismo y ha sido víctima de una corrupción terrible. Ambos aspectos indudablemente han acelerado y profundizado la deplorable situación en que se encuentran muchos de los rubros de PEMEX. Pero, asegurar que para salvarla de la quiebra hace falta que entre el capital privado, es una falsedad. Desde mi punto de vista, gran parte del problema está en la falta de una política seria y responsable por parte del gobierno para la industrialización y el crecimiento del aparato productivo apoyados en nuestra riqueza petrolera. México puede y debe ser capaz de procesar su petróleo y convertirlo así en fuente de empleos, de mejores salarios y de materias primas para la industria nacional. Pero, para ello se requiere, entre otras cosas, abandonar la idea poco visionaria de seguir siendo sólo vendedores de materia prima en bruto a las naciones industrializadas.
Siendo, como lo es, un tema importantísimo para los mexicanos ¿alguien se ha acordado de consultar la opinión del pueblo, de aquel que es el soberano y dueño de los recursos de la nación? Parece que nadie lo ha hecho. Ni el gobierno ni los legisladores, ambos depositarios de la voluntad popular, se han tomado la molestia de escuchar lo que el pueblo quiera mandatarles. ¿Qué diría el General Cárdenas si viera cómo es doblemente pisoteada la soberanía de su pueblo?
Adriana Argudín Palavicini
La “clausura” del Congreso de la Unión por parte de los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), con el objetivo de evitar la aprobación de la iniciativa presidencial en materia petrolera, ha despertado más críticas y condenas que adhesiones y simpatías. Los medios masivos de comunicación se han dado vuelo utilizando un sinnúmero de calificativos en contra de los autores materiales e intelectuales de esta acción y han dado espacio a todos aquellos que manifiesten su descontento y condena al respecto.
Esta acción contradice a la democracia de la que tanto alardean nuestros legisladores, pues si la democracia es una forma de gobierno en la que los asuntos se resuelven por la vía de la discusión y de los acuerdos ¿cómo es que los señores del FAP, por sí y ante sí, deciden cerrar la máxima tribuna nacional de discusión? No creo que un acto de imposición, como ellos sostienen que se pretende hacer con esta iniciativa de reforma del Presidente Calderón, deba resolverse con otro acto de imposición. En todo caso, los legisladores ya sabían que, tarde o temprano, se presentaría tal iniciativa ¿por qué no trataron de discutir y cabildear previamente? Y, si como minoría en el Congreso, ello no se les facilitaba ¿por qué no realizaron previamente una amplia campaña para dar a conocer a los mexicanos las implicaciones de la iniciativa de la reforma energética? ¿Por qué no acudir al pueblo a explicarle lo que se pretende hacer con su mayor riqueza? En este sentido, los legisladores del FAP andan, con todo respeto sea dicho, un poco mal, pues empezaron su resistencia al revés. En lugar de haber dejado la “clausura” del Congreso como un último recurso después de haber agotado previamente todas las vías posibles de diálogo y discusión entre los partidos políticos con representación en la Cámara, la convierten en el arranque de una campaña de resistencia para evitar la aprobación de la reforma en cuestión. Pero, como todos sabemos, a toda acción corresponde una reacción, así que habrá que ver qué acciones emprenderán el resto de los legisladores que conforman la mayoría parlamentaria.
Evidentemente, el tema es de los más vitales e importantes ya que se trata de la soberanía nacional, es decir, del pueblo mexicano, en tanto que se pretende discutir sobre el dominio de la mayor riqueza nacional que posee: el petróleo. Ningún mexicano en su sano juicio se opone a la necesidad de cuidar que nuestra riqueza petrolera se conserve y se modernice; sin embargo, el punto de la discusión está en cómo lograrlo. Hay quienes aseguran, empezando por el propio Presidente Calderón, que lo que se requiere, y de manera urgente, es de inversión privada -nacional o extranjera-, pues el gobierno no tiene los recursos para ello. Y, aunque insisten en que ello no significa, ni por asomo, que se pretenda la privatización de PEMEX, es un hecho que si se trata de poner en manos del capital privado la exploración y extracción de crudo, serán los dueños de tal capital quienes provean de la materia prima a todas las demás ramas de la petroquímica y con ello la industria petrolera entera pasaría a manos privadas, aunque formalmente siga siendo propiedad de la nación.
Frente a esta postura hay quienes han dicho que, en efecto, PEMEX viene enfrentando dificultades financieras desde hace varios sexenios pero no por el hecho de que sea un mal negocio sino porque el Estado mexicano ha obtenido de la paraestatal la mayor parte de sus ingresos para el gasto público. Algunos datos relativos a PEMEX que, por cierto, es la empresa pública más importante de América Latina, nos indican que apenas el año pasado se destacó por ser la empresa petrolera más rentable en el mundo pues obtuvo utilidades por 660 mil 152 millones de pesos. Sin embargo, se la ha ido descapitalizando sistemáticamente por la vía de cobrarle impuestos más allá de sus posibilidades económicas. En el mismo año de 2007, la Secretaría de Hacienda le cobró impuestos por 676 mil 278 millones de pesos, cantidad superior a sus utilidades con lo cual, como es lógico, la llevó a tener pérdidas por un monto superior a los 16 mil millones de pesos. Con este irracional sangrado está claro que ninguna empresa puede prosperar y modernizarse.
Aunado a su papel de “caja chica” del gobierno por varios sexenios, se sabe que ha padecido también del mal del burocratismo y ha sido víctima de una corrupción terrible. Ambos aspectos indudablemente han acelerado y profundizado la deplorable situación en que se encuentran muchos de los rubros de PEMEX. Pero, asegurar que para salvarla de la quiebra hace falta que entre el capital privado, es una falsedad. Desde mi punto de vista, gran parte del problema está en la falta de una política seria y responsable por parte del gobierno para la industrialización y el crecimiento del aparato productivo apoyados en nuestra riqueza petrolera. México puede y debe ser capaz de procesar su petróleo y convertirlo así en fuente de empleos, de mejores salarios y de materias primas para la industria nacional. Pero, para ello se requiere, entre otras cosas, abandonar la idea poco visionaria de seguir siendo sólo vendedores de materia prima en bruto a las naciones industrializadas.
Siendo, como lo es, un tema importantísimo para los mexicanos ¿alguien se ha acordado de consultar la opinión del pueblo, de aquel que es el soberano y dueño de los recursos de la nación? Parece que nadie lo ha hecho. Ni el gobierno ni los legisladores, ambos depositarios de la voluntad popular, se han tomado la molestia de escuchar lo que el pueblo quiera mandatarles. ¿Qué diría el General Cárdenas si viera cómo es doblemente pisoteada la soberanía de su pueblo?
lunes, 7 de abril de 2008
REFORMA ELECTORAL
OTRO OBSTÁCULO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN POLÍTICA.
Adriana Argudín Palavicini
El reconocimiento oficial de la participación política de los ciudadanos que no militaban en ningún partido político pero que habían decidido organizarse en otro tipo de organizaciones con fines políticos, se dio en México en el año de 1977. La entonces Comisión Federal Electoral otorgó registro a varias Asociaciones Políticas que reunieron los requisitos establecidos por la entonces vigente Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), misma que establecía sus derechos y obligaciones, entre otros, el poder transformarse en partidos políticos. Poco más de una década después, al discutirse la iniciativa de ley electoral en 1990, los legisladores suprimieron este tipo de asociaciones y establecieron que los ciudadanos que desearan participar en política sólo podrían hacerlo a través de los partidos políticos. Una nueva reforma electoral, la de 1996, determinó regular nuevamente a las organizaciones ciudadanas, ahora bajo el nombre de Agrupaciones Políticas Nacionales (APN), ordenando al Instituto Federal Electoral (IFE), una vez cumplidos determinados requisitos, otorgarles reconocimiento y registro y regularlas a través del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Los cambios anotados revelan a las claras que, más que una concepción de perfeccionamiento democrático constante, nuestra clase política gobernante modifica sus puntos de vista hasta extremos opuestos impulsada por sus intereses coyunturales de conservar el poder.
En el periodo comprendido entre los años 1996 y 2005, las APN tuvieron un importante auge: en 1996 eran solamente doce, para el año 2005 sumaban ya 106. Asimismo, durante dicho periodo desempeñaron un importante papel en el desarrollo de la vida democrática y de la cultura política de nuestro país, ya que cumpliendo con las obligaciones que la ley les fijaba, publicaron cientos de miles de revistas y folletos, realizaron cientos de eventos de educación y capacitación política y llevaron a cabo una gran cantidad de investigaciones socioeconómicas y políticas. Y todo ello -como le consta al IFE, a diversas autoridades federales, estatales y municipales, y a los propios legisladores-, contribuyó a enriquecer los conocimientos y la cultura política de miles de mexicanos en distintas regiones de nuestro país . Con sólo contabilizar los productos y resultados palpables de su trabajo, las APN tendrían plenamente justificada su existencia y su derecho a ser tratadas con respeto y seriedad.
Sin embargo, a través de la reforma electoral que entró en vigor el pasado 15 de enero, la supervivencia de esta forma de organización ciudadana como una alternativa válida de acción y de educación política de sus agremiados y, por tanto, la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar en el ejercicio del poder público, se encuentra seriamente amenazadas. La nueva ley electoral elimina el financiamiento público que por ley se les había venido otorgando, mismo que ascendía a un insignificante dos por ciento del financiamiento que reciben los partidos políticos cada año para sus actividades ordinarias permanentes y que se venía distribuyendo entre todas las APN existentes. Asimismo, la nueva ley elimina la exigencia de contar con un expediente de trabajo permanente y de un ejercicio limpio y transparente de los recursos públicos a fin de que una APN pueda convertirse en partido político nacional. ¿Qué argumentos esgrimieron los legisladores para llegar a estos acuerdos? Sólo ellos los conocen, pues ante la opinión pública nacional los ocultaron. El asunto de las APN ni siquiera figuraba en la discusión central de la reforma electoral, tan es así que los mismos legisladores que la aprobaron ya habían votado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 en el que ya se había destinado una partida de 50 millones de pesos para distribuirse entre las 106 APN.
En conclusión, la reciente reforma electoral no es más que una nueva manera de fortalecer la partidocracia a fin de controlar y canalizar el voto de las grandes mayorías hacia donde lo requieren los grupos de poder y, en consecuencia, se trata de constreñir la lucha de las masas al puro ejercicio del sufragio. Para quienes ostentan el poder político y económico, la democracia ideal es aquella en la que no haya ningún tipo de organización que no sean los partidos políticos, a los que han enaltecido como la única forma legal y legítima dentro de la cual debe actuar el ciudadano. Con la nueva ley electoral se pretende combatir, por todos los medios a su alcance, toda forma legal de organización y de lucha de las grandes mayorías ciudadanas que, ejerciendo su derecho de asociación, hayan decidido aglutinarse fuera y al margen de los partidos políticos existentes para lograr una vida más digna.
Adriana Argudín Palavicini
El reconocimiento oficial de la participación política de los ciudadanos que no militaban en ningún partido político pero que habían decidido organizarse en otro tipo de organizaciones con fines políticos, se dio en México en el año de 1977. La entonces Comisión Federal Electoral otorgó registro a varias Asociaciones Políticas que reunieron los requisitos establecidos por la entonces vigente Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), misma que establecía sus derechos y obligaciones, entre otros, el poder transformarse en partidos políticos. Poco más de una década después, al discutirse la iniciativa de ley electoral en 1990, los legisladores suprimieron este tipo de asociaciones y establecieron que los ciudadanos que desearan participar en política sólo podrían hacerlo a través de los partidos políticos. Una nueva reforma electoral, la de 1996, determinó regular nuevamente a las organizaciones ciudadanas, ahora bajo el nombre de Agrupaciones Políticas Nacionales (APN), ordenando al Instituto Federal Electoral (IFE), una vez cumplidos determinados requisitos, otorgarles reconocimiento y registro y regularlas a través del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Los cambios anotados revelan a las claras que, más que una concepción de perfeccionamiento democrático constante, nuestra clase política gobernante modifica sus puntos de vista hasta extremos opuestos impulsada por sus intereses coyunturales de conservar el poder.
En el periodo comprendido entre los años 1996 y 2005, las APN tuvieron un importante auge: en 1996 eran solamente doce, para el año 2005 sumaban ya 106. Asimismo, durante dicho periodo desempeñaron un importante papel en el desarrollo de la vida democrática y de la cultura política de nuestro país, ya que cumpliendo con las obligaciones que la ley les fijaba, publicaron cientos de miles de revistas y folletos, realizaron cientos de eventos de educación y capacitación política y llevaron a cabo una gran cantidad de investigaciones socioeconómicas y políticas. Y todo ello -como le consta al IFE, a diversas autoridades federales, estatales y municipales, y a los propios legisladores-, contribuyó a enriquecer los conocimientos y la cultura política de miles de mexicanos en distintas regiones de nuestro país . Con sólo contabilizar los productos y resultados palpables de su trabajo, las APN tendrían plenamente justificada su existencia y su derecho a ser tratadas con respeto y seriedad.
Sin embargo, a través de la reforma electoral que entró en vigor el pasado 15 de enero, la supervivencia de esta forma de organización ciudadana como una alternativa válida de acción y de educación política de sus agremiados y, por tanto, la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar en el ejercicio del poder público, se encuentra seriamente amenazadas. La nueva ley electoral elimina el financiamiento público que por ley se les había venido otorgando, mismo que ascendía a un insignificante dos por ciento del financiamiento que reciben los partidos políticos cada año para sus actividades ordinarias permanentes y que se venía distribuyendo entre todas las APN existentes. Asimismo, la nueva ley elimina la exigencia de contar con un expediente de trabajo permanente y de un ejercicio limpio y transparente de los recursos públicos a fin de que una APN pueda convertirse en partido político nacional. ¿Qué argumentos esgrimieron los legisladores para llegar a estos acuerdos? Sólo ellos los conocen, pues ante la opinión pública nacional los ocultaron. El asunto de las APN ni siquiera figuraba en la discusión central de la reforma electoral, tan es así que los mismos legisladores que la aprobaron ya habían votado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 en el que ya se había destinado una partida de 50 millones de pesos para distribuirse entre las 106 APN.
En conclusión, la reciente reforma electoral no es más que una nueva manera de fortalecer la partidocracia a fin de controlar y canalizar el voto de las grandes mayorías hacia donde lo requieren los grupos de poder y, en consecuencia, se trata de constreñir la lucha de las masas al puro ejercicio del sufragio. Para quienes ostentan el poder político y económico, la democracia ideal es aquella en la que no haya ningún tipo de organización que no sean los partidos políticos, a los que han enaltecido como la única forma legal y legítima dentro de la cual debe actuar el ciudadano. Con la nueva ley electoral se pretende combatir, por todos los medios a su alcance, toda forma legal de organización y de lucha de las grandes mayorías ciudadanas que, ejerciendo su derecho de asociación, hayan decidido aglutinarse fuera y al margen de los partidos políticos existentes para lograr una vida más digna.
miércoles, 16 de enero de 2008
DERECHOS HUMANOS
¡LIBRE Y LUCHANDO!
Cristina Rosas Illescas
El pasado 14 de diciembre por fin pude poner un pie fuera del Centro de Readaptación Social Femenil de San José el Alto, en donde estuve recluida por espacio de dos años y nueve meses debido a que el gobierno del Estado de Querétaro me fincó responsabilidades en el delito contra el orden y la seguridad urbana de la capital queretana; acusaciones que, en dos años y medio de proceso, nunca pudo comprobar el representante jurídico del Estado, el Ministerio Público.
Es por eso, porque soy inocente de toda culpa, que logré quedar en libertad, aunque de manera provisional porque sigue pendiente la resolución de fondo del “delito” prefabricado por el cual me encarcelaron.
A pesar de esta situación jurídica, creo que mi libertad es un triunfo contundente del Movimiento Antorchista Nacional contra los representantes del PAN-Yunque de Querétaro, quienes con trampas y chicanas legales me retuvieron en la cárcel por casi tres años.
Tiempo durante el cual tuve que aguantar todo tipo de presiones, tanto del Ministerio Público y del Juez Octavo Penal -quienes a toda costa pretendían cerrar el proceso para, tomando en cuenta sólo los argumentos en mi contra, sentenciarme hasta a quince años de prisión-, como de la directora del penal femenil, Martha Yáñez Carbajo, y del Consejo Interdisciplinario del Centro de Readaptación Social (CERESO) femenil de San José el Alto, quienes tomando como pretexto falsas acusaciones que hacían en contra mía las reclusas de élite, que no son otras que las incondicionales de Yáñez Carbajo, pretendían castigarme por cualquier motivo.
Antes de narrar las presiones psicológicas a las que estuve expuesta durante mil un días al interior del CERESO femenil de San José el Alto, quiero dejar sentado que mi detención fue totalmente injusta y arbitraria, pues yo no cometí ningún delito en contra de la sociedad ni de ninguna persona en particular.
Tan es así, que la misma justicia federal fue testigo de las irregularidades jurídicas de las que se valieron los jueces queretanos para encarcelarme y retenerme en San José el Alto; por esas irregularidades jurídicas, que no fueron otra cosa más que maniobras para prolongar mi cautiverio, la justicia federal me otorgó seis amparos en los que solicitaba a los jueces queretanos que, si no podían demostrar mi culpabilidad, me dejaran en libertad, cuestión que finalmente sucedió el pasado 14 de diciembre de 2007.
Además, el 19 de marzo del año 2005 se me detuvo con lujo de violencia sin que se me presentara ningún citatorio ni orden de presentación para acudir a la Agencia del Ministerio Público No. 1. Además en los separos de esta agencia se me impidió realizar una llamada telefónica para avisar a mis compañeros antorchistas y a mi abogada en dónde me encontraba.
A esa violación a mis garantías individuales, se sumó otra: los seis judiciales (dos mujeres y cuatro hombres) que me detuvieron, sometieron y arrastraron desde la Casa del Estudiante José María Arteaga, ubicada en el número 10 de la calle de Hidalgo (junto a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos) hasta el Teatro de la República, también pretendieron que firmara una declaración en la que aceptaba haber cometido los delitos fabricados por los que me aprehendieron; sin embargo, como me negué a firmarla inmediatamente me trasladaron al CERESO femenil de San José el Alto.
Tanto la violenta y arbitraria detención de que fui víctima, así como mi consignación y encarcelamiento inmediatos, lo único que demuestran es que todo estaba orquestado desde la Casa de la Corregidora, por lo que a toda costa los judiciales debían ejecutar la orden dada por el gobernador de Querétaro, el pan-yunquista Francisco Garrido Patrón.
Durante los mil un días de cautiverio, los carceleros, empleados del secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, aplicaron crueldad y abuso de poder contra mí, con el propósito avieso de hacer que yo renunciara a mis ideales de luchar por los pobres de México.
Empujones, indirectas, ruido extremo cercano a mi celda a altas horas de la noche, acusaciones falsas por parte de las “chicas” incondicionales de la directora y trato hostil por parte de las custodias, fue lo menos que tuve que soportar día a día.
Desde mi ingreso al penal femenil de San José el Alto, la directora del CERESO, Martha Yáñez, se encargó de fomentar la animadversión hacia mi persona. Desde el primero hasta el último día que estuve en el penal, viví sola en una celda en la que cabían tres personas más, con lo que la directora logró que las reclusas que tenían que compartir la celda con otras cuatro mujeres, permanentemente estuvieran enojadas e inconformes conmigo por, según decían, los “privilegios” que yo tenía.
Cabe aclarar que yo nunca busqué habitar sola la celda en la que me ubicaron las autoridades del penal, sino que fueron ellas las que así lo decidieron pues con ello, lo sabían bien, buscaban que las internas me agrediera constantemente.
Pero como en todo hay excepciones, hay que reconocer que muchas reclusas se negaron a seguir el juego de la directora, y el trato que me dieron fue cortés y amable. Reducir el horario del servicio telefónico a todas las reclusas, como medida represiva porque yo hablé a un programa radiofónico, fue otra de las medidas que las autoridades utilizaron para justificar las agresiones en mi contra de parte de las incondicionales de Yáñez Carbajo.
Y también hay que aclarar aquí que no es mi culpa, ni nunca la fue, el hecho de que los carceleros sólo permitan la existencia de cuatro aparatos telefónicos para una población de más de 100 internas. Castigarme durante quince días en una celda húmeda y oscura conocida como “Z”, sin poder caminar por lo estrecho de la superficie y sin hacer nada más que mirar las paredes, fue la carta fuerte de las autoridades con la que quisieron derrumbar mi entereza.
Quince días estuve en la celda de castigo, pero las extremadamente malas condiciones en las que viví esos días fueron la causa de las lesiones que ahora sufro en ambas manos. Estos son sólo los ejemplos más relevantes del abuso de poder del pan-yunque en Querétaro mientras me mantuvieron recluida; abusos que estuvieron bien meditados por tratarse de una presa política, como fue mi caso.
La vida en el penal es una constante presión para las internas. Con el pretexto de que toda reclusa tiene que realizar actividades de readaptación social, las autoridades penitenciarias las obligan a laborar en los talleres de maquila donde se les sobre explota laboralmente pues trabajan desde las 9 de la mañana hasta las 10 u 11 de la noche, con el derecho, eso sí, de salir a comer y a cenar.
Pero eso no es todo, también con el pretexto de que esas actividades “cuentan para que obtengan su libertad”, las internas reciben presiones para integrarse a las actividades “recreativas” y “culturales”, como lo son las corridas de toros, las cenas-bailes de gala que se organizan en el reclusorio varonil, el concurso “Atrévete” en el que mujeres y hombres bailan, cantan o actúan, como en las obras de teatro de las que con tanto orgullo hablan los funcionarios de Gobierno Felipe Urbiola Ledesma y Alfredo Botello Montes.
Lo que no dicen los funcionarios es que, en realidad, esas actividades les sirven a ellos para mantener el control al interior de los penales, pues el hecho de que prácticamente todos los días cuarenta mujeres vayan al penal varonil -salen alrededor de las ocho de la noche y regresan como a la una de la mañana-, fomenta el comercio carnal no sólo entre reclusas e internos, sino entre las primeras y los custodios tanto de uno como de otro centro penitenciario, de donde resulta la lambisconería e incondicionalidad de los presos hacia la autoridad.
Contrario a lo que pensaban las autoridades gubernamentales de Querétaro, los mil un día de cautiverio fortalecieron mi decisión de luchar a favor de la gente pobre, a favor de lograr un México en donde exista la justicia social y la riqueza se distribuya equitativamente.
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