DERECHOS HUMANOS

¡LIBRE Y LUCHANDO!

Cristina Rosas Illescas

El pasado 14 de diciembre por fin pude poner un pie fuera del Centro de Readaptación Social Femenil de San José el Alto, en donde estuve recluida por espacio de dos años y nueve meses debido a que el gobierno del Estado de Querétaro me fincó responsabilidades en el delito contra el orden y la seguridad urbana de la capital queretana; acusaciones que, en dos años y medio de proceso, nunca pudo comprobar el representante jurídico del Estado, el Ministerio Público.
Es por eso, porque soy inocente de toda culpa, que logré quedar en libertad, aunque de manera provisional porque sigue pendiente la resolución de fondo del “delito” prefabricado por el cual me encarcelaron.
A pesar de esta situación jurídica, creo que mi libertad es un triunfo contundente del Movimiento Antorchista Nacional contra los representantes del PAN-Yunque de Querétaro, quienes con trampas y chicanas legales me retuvieron en la cárcel por casi tres años.
Tiempo durante el cual tuve que aguantar todo tipo de presiones, tanto del Ministerio Público y del Juez Octavo Penal -quienes a toda costa pretendían cerrar el proceso para, tomando en cuenta sólo los argumentos en mi contra, sentenciarme hasta a quince años de prisión-, como de la directora del penal femenil, Martha Yáñez Carbajo, y del Consejo Interdisciplinario del Centro de Readaptación Social (CERESO) femenil de San José el Alto, quienes tomando como pretexto falsas acusaciones que hacían en contra mía las reclusas de élite, que no son otras que las incondicionales de Yáñez Carbajo, pretendían castigarme por cualquier motivo.
Antes de narrar las presiones psicológicas a las que estuve expuesta durante mil un días al interior del CERESO femenil de San José el Alto, quiero dejar sentado que mi detención fue totalmente injusta y arbitraria, pues yo no cometí ningún delito en contra de la sociedad ni de ninguna persona en particular.
Tan es así, que la misma justicia federal fue testigo de las irregularidades jurídicas de las que se valieron los jueces queretanos para encarcelarme y retenerme en San José el Alto; por esas irregularidades jurídicas, que no fueron otra cosa más que maniobras para prolongar mi cautiverio, la justicia federal me otorgó seis amparos en los que solicitaba a los jueces queretanos que, si no podían demostrar mi culpabilidad, me dejaran en libertad, cuestión que finalmente sucedió el pasado 14 de diciembre de 2007.
Además, el 19 de marzo del año 2005 se me detuvo con lujo de violencia sin que se me presentara ningún citatorio ni orden de presentación para acudir a la Agencia del Ministerio Público No. 1. Además en los separos de esta agencia se me impidió realizar una llamada telefónica para avisar a mis compañeros antorchistas y a mi abogada en dónde me encontraba.
A esa violación a mis garantías individuales, se sumó otra: los seis judiciales (dos mujeres y cuatro hombres) que me detuvieron, sometieron y arrastraron desde la Casa del Estudiante José María Arteaga, ubicada en el número 10 de la calle de Hidalgo (junto a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos) hasta el Teatro de la República, también pretendieron que firmara una declaración en la que aceptaba haber cometido los delitos fabricados por los que me aprehendieron; sin embargo, como me negué a firmarla inmediatamente me trasladaron al CERESO femenil de San José el Alto.
Tanto la violenta y arbitraria detención de que fui víctima, así como mi consignación y encarcelamiento inmediatos, lo único que demuestran es que todo estaba orquestado desde la Casa de la Corregidora, por lo que a toda costa los judiciales debían ejecutar la orden dada por el gobernador de Querétaro, el pan-yunquista Francisco Garrido Patrón.
Durante los mil un días de cautiverio, los carceleros, empleados del secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, aplicaron crueldad y abuso de poder contra mí, con el propósito avieso de hacer que yo renunciara a mis ideales de luchar por los pobres de México.
Empujones, indirectas, ruido extremo cercano a mi celda a altas horas de la noche, acusaciones falsas por parte de las “chicas” incondicionales de la directora y trato hostil por parte de las custodias, fue lo menos que tuve que soportar día a día.
Desde mi ingreso al penal femenil de San José el Alto, la directora del CERESO, Martha Yáñez, se encargó de fomentar la animadversión hacia mi persona. Desde el primero hasta el último día que estuve en el penal, viví sola en una celda en la que cabían tres personas más, con lo que la directora logró que las reclusas que tenían que compartir la celda con otras cuatro mujeres, permanentemente estuvieran enojadas e inconformes conmigo por, según decían, los “privilegios” que yo tenía.
Cabe aclarar que yo nunca busqué habitar sola la celda en la que me ubicaron las autoridades del penal, sino que fueron ellas las que así lo decidieron pues con ello, lo sabían bien, buscaban que las internas me agrediera constantemente.
Pero como en todo hay excepciones, hay que reconocer que muchas reclusas se negaron a seguir el juego de la directora, y el trato que me dieron fue cortés y amable. Reducir el horario del servicio telefónico a todas las reclusas, como medida represiva porque yo hablé a un programa radiofónico, fue otra de las medidas que las autoridades utilizaron para justificar las agresiones en mi contra de parte de las incondicionales de Yáñez Carbajo.
Y también hay que aclarar aquí que no es mi culpa, ni nunca la fue, el hecho de que los carceleros sólo permitan la existencia de cuatro aparatos telefónicos para una población de más de 100 internas. Castigarme durante quince días en una celda húmeda y oscura conocida como “Z”, sin poder caminar por lo estrecho de la superficie y sin hacer nada más que mirar las paredes, fue la carta fuerte de las autoridades con la que quisieron derrumbar mi entereza.
Quince días estuve en la celda de castigo, pero las extremadamente malas condiciones en las que viví esos días fueron la causa de las lesiones que ahora sufro en ambas manos. Estos son sólo los ejemplos más relevantes del abuso de poder del pan-yunque en Querétaro mientras me mantuvieron recluida; abusos que estuvieron bien meditados por tratarse de una presa política, como fue mi caso.
La vida en el penal es una constante presión para las internas. Con el pretexto de que toda reclusa tiene que realizar actividades de readaptación social, las autoridades penitenciarias las obligan a laborar en los talleres de maquila donde se les sobre explota laboralmente pues trabajan desde las 9 de la mañana hasta las 10 u 11 de la noche, con el derecho, eso sí, de salir a comer y a cenar.
Pero eso no es todo, también con el pretexto de que esas actividades “cuentan para que obtengan su libertad”, las internas reciben presiones para integrarse a las actividades “recreativas” y “culturales”, como lo son las corridas de toros, las cenas-bailes de gala que se organizan en el reclusorio varonil, el concurso “Atrévete” en el que mujeres y hombres bailan, cantan o actúan, como en las obras de teatro de las que con tanto orgullo hablan los funcionarios de Gobierno Felipe Urbiola Ledesma y Alfredo Botello Montes.
Lo que no dicen los funcionarios es que, en realidad, esas actividades les sirven a ellos para mantener el control al interior de los penales, pues el hecho de que prácticamente todos los días cuarenta mujeres vayan al penal varonil -salen alrededor de las ocho de la noche y regresan como a la una de la mañana-, fomenta el comercio carnal no sólo entre reclusas e internos, sino entre las primeras y los custodios tanto de uno como de otro centro penitenciario, de donde resulta la lambisconería e incondicionalidad de los presos hacia la autoridad.
Contrario a lo que pensaban las autoridades gubernamentales de Querétaro, los mil un día de cautiverio fortalecieron mi decisión de luchar a favor de la gente pobre, a favor de lograr un México en donde exista la justicia social y la riqueza se distribuya equitativamente.