REFORMA ELECTORAL

OTRO OBSTÁCULO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN POLÍTICA.

Adriana Argudín Palavicini

El reconocimiento oficial de la participación política de los ciudadanos que no militaban en ningún partido político pero que habían decidido organizarse en otro tipo de organizaciones con fines políticos, se dio en México en el año de 1977. La entonces Comisión Federal Electoral otorgó registro a varias Asociaciones Políticas que reunieron los requisitos establecidos por la entonces vigente Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), misma que establecía sus derechos y obligaciones, entre otros, el poder transformarse en partidos políticos. Poco más de una década después, al discutirse la iniciativa de ley electoral en 1990, los legisladores suprimieron este tipo de asociaciones y establecieron que los ciudadanos que desearan participar en política sólo podrían hacerlo a través de los partidos políticos. Una nueva reforma electoral, la de 1996, determinó regular nuevamente a las organizaciones ciudadanas, ahora bajo el nombre de Agrupaciones Políticas Nacionales (APN), ordenando al Instituto Federal Electoral (IFE), una vez cumplidos determinados requisitos, otorgarles reconocimiento y registro y regularlas a través del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Los cambios anotados revelan a las claras que, más que una concepción de perfeccionamiento democrático constante, nuestra clase política gobernante modifica sus puntos de vista hasta extremos opuestos impulsada por sus intereses coyunturales de conservar el poder.

En el periodo comprendido entre los años 1996 y 2005, las APN tuvieron un importante auge: en 1996 eran solamente doce, para el año 2005 sumaban ya 106. Asimismo, durante dicho periodo desempeñaron un importante papel en el desarrollo de la vida democrática y de la cultura política de nuestro país, ya que cumpliendo con las obligaciones que la ley les fijaba, publicaron cientos de miles de revistas y folletos, realizaron cientos de eventos de educación y capacitación política y llevaron a cabo una gran cantidad de investigaciones socioeconómicas y políticas. Y todo ello -como le consta al IFE, a diversas autoridades federales, estatales y municipales, y a los propios legisladores-, contribuyó a enriquecer los conocimientos y la cultura política de miles de mexicanos en distintas regiones de nuestro país . Con sólo contabilizar los productos y resultados palpables de su trabajo, las APN tendrían plenamente justificada su existencia y su derecho a ser tratadas con respeto y seriedad.

Sin embargo, a través de la reforma electoral que entró en vigor el pasado 15 de enero, la supervivencia de esta forma de organización ciudadana como una alternativa válida de acción y de educación política de sus agremiados y, por tanto, la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar en el ejercicio del poder público, se encuentra seriamente amenazadas. La nueva ley electoral elimina el financiamiento público que por ley se les había venido otorgando, mismo que ascendía a un insignificante dos por ciento del financiamiento que reciben los partidos políticos cada año para sus actividades ordinarias permanentes y que se venía distribuyendo entre todas las APN existentes. Asimismo, la nueva ley elimina la exigencia de contar con un expediente de trabajo permanente y de un ejercicio limpio y transparente de los recursos públicos a fin de que una APN pueda convertirse en partido político nacional. ¿Qué argumentos esgrimieron los legisladores para llegar a estos acuerdos? Sólo ellos los conocen, pues ante la opinión pública nacional los ocultaron. El asunto de las APN ni siquiera figuraba en la discusión central de la reforma electoral, tan es así que los mismos legisladores que la aprobaron ya habían votado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 en el que ya se había destinado una partida de 50 millones de pesos para distribuirse entre las 106 APN.

En conclusión, la reciente reforma electoral no es más que una nueva manera de fortalecer la partidocracia a fin de controlar y canalizar el voto de las grandes mayorías hacia donde lo requieren los grupos de poder y, en consecuencia, se trata de constreñir la lucha de las masas al puro ejercicio del sufragio. Para quienes ostentan el poder político y económico, la democracia ideal es aquella en la que no haya ningún tipo de organización que no sean los partidos políticos, a los que han enaltecido como la única forma legal y legítima dentro de la cual debe actuar el ciudadano. Con la nueva ley electoral se pretende combatir, por todos los medios a su alcance, toda forma legal de organización y de lucha de las grandes mayorías ciudadanas que, ejerciendo su derecho de asociación, hayan decidido aglutinarse fuera y al margen de los partidos políticos existentes para lograr una vida más digna.