REFORMA ENERGÉTICA

LA SOBERANÍA DEL PUEBLO, DOBLEMENTE PISOTEADA

Adriana Argudín Palavicini

La “clausura” del Congreso de la Unión por parte de los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), con el objetivo de evitar la aprobación de la iniciativa presidencial en materia petrolera, ha despertado más críticas y condenas que adhesiones y simpatías. Los medios masivos de comunicación se han dado vuelo utilizando un sinnúmero de calificativos en contra de los autores materiales e intelectuales de esta acción y han dado espacio a todos aquellos que manifiesten su descontento y condena al respecto.

Esta acción contradice a la democracia de la que tanto alardean nuestros legisladores, pues si la democracia es una forma de gobierno en la que los asuntos se resuelven por la vía de la discusión y de los acuerdos ¿cómo es que los señores del FAP, por sí y ante sí, deciden cerrar la máxima tribuna nacional de discusión? No creo que un acto de imposición, como ellos sostienen que se pretende hacer con esta iniciativa de reforma del Presidente Calderón, deba resolverse con otro acto de imposición. En todo caso, los legisladores ya sabían que, tarde o temprano, se presentaría tal iniciativa ¿por qué no trataron de discutir y cabildear previamente? Y, si como minoría en el Congreso, ello no se les facilitaba ¿por qué no realizaron previamente una amplia campaña para dar a conocer a los mexicanos las implicaciones de la iniciativa de la reforma energética? ¿Por qué no acudir al pueblo a explicarle lo que se pretende hacer con su mayor riqueza? En este sentido, los legisladores del FAP andan, con todo respeto sea dicho, un poco mal, pues empezaron su resistencia al revés. En lugar de haber dejado la “clausura” del Congreso como un último recurso después de haber agotado previamente todas las vías posibles de diálogo y discusión entre los partidos políticos con representación en la Cámara, la convierten en el arranque de una campaña de resistencia para evitar la aprobación de la reforma en cuestión. Pero, como todos sabemos, a toda acción corresponde una reacción, así que habrá que ver qué acciones emprenderán el resto de los legisladores que conforman la mayoría parlamentaria.

Evidentemente, el tema es de los más vitales e importantes ya que se trata de la soberanía nacional, es decir, del pueblo mexicano, en tanto que se pretende discutir sobre el dominio de la mayor riqueza nacional que posee: el petróleo. Ningún mexicano en su sano juicio se opone a la necesidad de cuidar que nuestra riqueza petrolera se conserve y se modernice; sin embargo, el punto de la discusión está en cómo lograrlo. Hay quienes aseguran, empezando por el propio Presidente Calderón, que lo que se requiere, y de manera urgente, es de inversión privada -nacional o extranjera-, pues el gobierno no tiene los recursos para ello. Y, aunque insisten en que ello no significa, ni por asomo, que se pretenda la privatización de PEMEX, es un hecho que si se trata de poner en manos del capital privado la exploración y extracción de crudo, serán los dueños de tal capital quienes provean de la materia prima a todas las demás ramas de la petroquímica y con ello la industria petrolera entera pasaría a manos privadas, aunque formalmente siga siendo propiedad de la nación.

Frente a esta postura hay quienes han dicho que, en efecto, PEMEX viene enfrentando dificultades financieras desde hace varios sexenios pero no por el hecho de que sea un mal negocio sino porque el Estado mexicano ha obtenido de la paraestatal la mayor parte de sus ingresos para el gasto público. Algunos datos relativos a PEMEX que, por cierto, es la empresa pública más importante de América Latina, nos indican que apenas el año pasado se destacó por ser la empresa petrolera más rentable en el mundo pues obtuvo utilidades por 660 mil 152 millones de pesos. Sin embargo, se la ha ido descapitalizando sistemáticamente por la vía de cobrarle impuestos más allá de sus posibilidades económicas. En el mismo año de 2007, la Secretaría de Hacienda le cobró impuestos por 676 mil 278 millones de pesos, cantidad superior a sus utilidades con lo cual, como es lógico, la llevó a tener pérdidas por un monto superior a los 16 mil millones de pesos. Con este irracional sangrado está claro que ninguna empresa puede prosperar y modernizarse.

Aunado a su papel de “caja chica” del gobierno por varios sexenios, se sabe que ha padecido también del mal del burocratismo y ha sido víctima de una corrupción terrible. Ambos aspectos indudablemente han acelerado y profundizado la deplorable situación en que se encuentran muchos de los rubros de PEMEX. Pero, asegurar que para salvarla de la quiebra hace falta que entre el capital privado, es una falsedad. Desde mi punto de vista, gran parte del problema está en la falta de una política seria y responsable por parte del gobierno para la industrialización y el crecimiento del aparato productivo apoyados en nuestra riqueza petrolera. México puede y debe ser capaz de procesar su petróleo y convertirlo así en fuente de empleos, de mejores salarios y de materias primas para la industria nacional. Pero, para ello se requiere, entre otras cosas, abandonar la idea poco visionaria de seguir siendo sólo vendedores de materia prima en bruto a las naciones industrializadas.

Siendo, como lo es, un tema importantísimo para los mexicanos ¿alguien se ha acordado de consultar la opinión del pueblo, de aquel que es el soberano y dueño de los recursos de la nación? Parece que nadie lo ha hecho. Ni el gobierno ni los legisladores, ambos depositarios de la voluntad popular, se han tomado la molestia de escuchar lo que el pueblo quiera mandatarles. ¿Qué diría el General Cárdenas si viera cómo es doblemente pisoteada la soberanía de su pueblo?