REFORMA ENERGÉTICA

REACCIÓN DE LA DERECHA


Adriana Argudín Palavicini *

Durante la semana pasada, estuvimos atentos a los acontecimientos suscitados por la toma del H. Congreso de la Unión. Fue inevitable no estarlo pues, además de algunas marchas y del plantón que realizaron las “adelitas” encabezadas por su “generala” Claudia Sheinbaum, se hizo evidente la movilización de la fuerza pública y fueron abundantes los espacios que los medios informativos dedicaron al seguimiento de estos hechos.

Como todos ya sabemos, la mayoría legislativa no intentó retomar y liberar las tribunas –a pesar de algunas propuestas en este sentido- sino que han venido realizado sus sesiones en recintos alternos de ambas cámaras, con lo cual los legisladores del FAP han quedado, por lo pronto, autoexcluídos de los trabajos del Congreso de la Unión. Y, si así han marchado las cosas hasta hoy, ¿quién les asegura que el argumento central de su acción, es decir, la probable aprobación de la reforma energética, no se haga sin su presencia?

Pero, como todo en política tiene solución, sobre todo cuando, en el fondo, no existen verdaderas diferencias de intereses, se vislumbra ya un final a este conflicto con el inicio de pláticas del PRI y PAN con los legisladores del FAP en los que hay, según asegura el perredista Ricardo Monreal, “apertura y flexibilidad”. Habrá que ver en qué terminan estas pláticas que, según las últimas noticias, se reduce al acuerdo del plazo en que deberá discutirse la reforma en cuestión.

Otra ha sido la reacción de la derecha mexicana, en especial la de un sector al que se ha identificado con la ultraderechista organización de El Yunque. Bajo el pretexto de señalar la ilegalidad de los legisladores “golpistas”, salieron a relucir los poderosos intereses de quienes pretenden obtener jugosísimas ganancias vía la privatización de PEMEX. Cuando parecía que habían quedado atrás las no muy lejanas y nocivas prácticas de influir en los mexicanos por la vía de denostar, calumniar y difamar a los contrincantes a través de campañas en radio y televisión, resulta que en millones de hogares mexicanos se pudo ver el espot televisivo “¿Quiénes toman los congresos?”, patrocinado por la organización “Mejor Sociedad Mejor Gobierno” que preside José Guillermo Velasco Arzac, también presidente de “Coordinadora Ciudadana”, Agrupación Política Nacional con registro ante el IFE desde 1997.


El espot de marras, en el que se compara al perredista Andrés Manuel López Obrador, con los dictadores Hitler, Mussolini, Pinochet y Victoriano Huerta, ha traído a la memoria de muchos mexicanos aquél espot, lanzado también en su contra cuando era candidato a la Presidencia de la República en el que se le comparaba con el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, con el claro objetivo de sembrar el temor y la desconfianza entre sus posibles votantes e inclinar la balanza a favor del candidato del PAN. Una vez más ha salido a la luz la intolerancia extrema de los grupos de poder económico y político en nuestro país que aún ante una tímida resistencia que sólo reclama charlar más tiempo sobre el tema de la reforma energética, no dudan de echar mano de todo su poder mediático para mantener y acrecentar sus descomunales privilegios.

Y, si bien es cierto que el IFE acaba de ordenar a Televisa que deje de transmitir en forma definitiva tal espot y ha declarado que tanto dicha empresa como la organización contratante pueden ser sancionadas conforme lo ordena la nueva ley electoral, existen claros indicios –que parten de la propia Secretaría de Gobernación-, de que la campaña derechista apenas comienza. Resulta que para la subsecretaria de Normatividad de Medios (de la Segob), Irma Pía González Luna, el nuevo marco normativo electoral “pone en duda si esto se permite o no se permite” pues “los requerimientos y las nuevas disposiciones tienen que ver con actos de campaña y en este momento no hay ninguna . . .” y, ya para rematar y para que a nadie le quede duda de qué lado está la señora subsecretaria, sostuvo que “todo grupo ciudadano tiene derecho y todos los espacios para poder expresarse en lo que está de acuerdo”.

El IFE, en su carácter de autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión, está obligado a atender las quejas y denuncias por la violación a las normas y aplicar las sanciones correspondientes a los infractores, sin perjuicio de las demás sanciones a que se hagan acreedores.

*Presidenta de la Agrupación
Humanista Demócrata José María Luis Mora.