EN OPINION DE . . .

Adriana Argudín Palavicini

RECLAMOS Y REBELDÍAS DEL PUEBLO

Mientras siguen los controvertidos operativos del Ejército Mexicano para combatir al narcotráfico en varios puntos de la República, en la Delegación Iztapalapa, una de las zonas más pobladas del Distrito Federal, se registraron recientemente dos acontecimientos que terminaron en sendos enfrentamientos entre ciudadanos y policías. En uno de ellos, habitantes del predio La Magueyera se enfrentaron con elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), luego que autoridades de la Compañía de Luz y Fuerza habían solicitado la intervención del Ministerio Público Federal para retirar los llamados “diablitos” que habitantes del lugar tienen instalados para obtener energía eléctrica. Llama la atención el hecho de que la mayoría de quienes se enfrentaron a los agentes de la AFI, que iban armados, eran mujeres quienes, con cubetadas de agua, gritos y empujones hicieron marchar a los agentes y empleados de la compañía. El segundo de ellos, tuvo lugar en el tianguis El Salado donde comerciantes informales se enfrentaron con policías y granaderos luego de un operativo mediante el que se decomisaron principalmente pacas de ropa. La primera arremetida de los policías y granaderos no tuvo éxito, pues los comerciantes y vecinos los superaban en número y determinación, por lo que, al igual que en el caso de La Magueyera, tuvieron que replegarse.

Ciertamente, no son éstos los únicos ni los más sobresalientes hechos recientes en la capital, pero sí son una muestra del descontento creciente entre la población más desprotegida que cada vez más se siente pisoteada en sus derechos y en su dignidad. Veamos. En el caso de La Magueyera, los vecinos aseguran que existe un convenio con la paraestatal para regularizarles el servicio de energía eléctrica desde hace cuatro años, que ellos ya cubrieron la cantidad que les corresponde y que quien ha incumplido con su responsabilidad es la autoridad delegacional, que no ha cubierto la parte que se comprometió aportar. Resulta evidente que la oposición de los vecinos al intento de dejarlos sin el servicio es totalmente justificada y que el Ministerio Público Federal, antes de enviar a los agentes federales, debía haber investigado y llamar a las partes involucradas. Pero, lejos de ello, como ya queda dicho, los mandó en apoyo a la ejecución del corte del servicio. La reacción, como era de esperarse, fue de reclamo y rebeldía por parte de los afectados.

El segundo de los casos, se suma a la cadena de persecuciones, decomisos y desalojos que en fechas recientes han venido sufriendo los comerciantes ambulantes, a quienes el Gobierno del Distrito Federal (GDF) pretende borrar de la geografía capitalina sin darles una verdadera alternativa de solución para mantenerse, ya sea a través de esta actividad o de cualquier otra. Como se sabe, el GDF se ha puesto a limpiar de ambulantes el Centro Histórico de la capital argumentando varias razones que, si bien algunas de ellas son reales y necesarias, no atacan el fondo del problema que cada vez afecta a un mayor número de familias: el desempleo. Los comerciantes ambulantes que, como cualquier ser humano necesitan comer, vuelven a aparecer, como hongos después de la lluvia, sin que los constantes desalojos de que son objeto los hagan desistir de instalar su “comercio” allí donde pueden encontrar clientela. Los zafarranchos como el ocurrido en El Salado se han vuelto cada vez más frecuentes y en no pocas ocasiones han acabado en lo mismo: la policía ha tenido que retirarse sin cumplir totalmente con su cometido, dejando mayor descontento y rebeldía entre los afectados.

Los ejemplos aquí citados son ilustrativos de que es falsa la apreciación del gobierno en el sentido de que armando más y mejor a la policía, haciéndola más desalmada e intolerante, se acabará con la pobreza que, lejos de desaparecer o ir en franca disminución, cada día se acrecienta más y más. La solución a la pobreza hay que sacarla de la realidad misma, y la realidad actual del país nos indica que el crecimiento de nuestra economía difícilmente rebasa el 2% anual; que mientras en los países de capitalismo desarrollado los gobiernos recaudan el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) a través de los impuestos, en México se recauda sólo el 19%, con el agravante de que más de la mitad de este porcentaje lo pagan los trabajadores; que el desempleo ronda a casi la mitad de la población económicamente activa y que cada año medio millón de mexicanos emigra a los Estados Unidos para no morirse de hambre. En pocas y claras palabras, la clase más rica no está invirtiendo su dinero en el país para generar empleos ni en la cantidad ni en calidad que se requieren ni tampoco está pagando impuestos, de cuyos ingresos requiere el Estado para crear la infraestructura y los servicios que el país necesita.

Como resultado de esa realidad, tenemos que los más pobres salen a vender lo que encuentran porque no hay trabajo, que el crecimiento del crimen y de la delincuencia crece todos los días como la espuma porque no hay trabajo, que la gente más necesitada empieza a rebelarse porque sus justos reclamos de servicios elementales no se resuelven y se rebela contra los actos de la autoridad que, mediante el terror y la opresión, pretenden someterlos a una vida cada vez más insoportable e inhumana. A esta cruda realidad se agrega la actual recesión de la economía de los Estados Unidos, que es el destino del 88 por ciento de nuestras exportaciones, la cual necesariamente repercutirá en una menor generación de empleos en nuestro país. Urge, pues, un cambio de rumbo, una política menos parcial a favor de los que más tienen y más atenta y sensible a los problemas de los más pobres. De no hacerlo así, no estará lejos el riesgo de una revuelta social cuyas dimensiones y consecuencias nadie quiere imaginar.