lunes, 2 de junio de 2008

INTERNACIONAL

EN BOLIVIA: NUEVO ATAQUE DE LOS RICACHOS

Adriana Argudín Palavicini

Desde que Evo Morales ganó las elecciones para presidente de Bolivia, se ha enfrentado con una cerrada resistencia de los señores del dinero, de los oligarcas bolivianos acostumbrados a explotar sin freno la mano de obra barata de los indígenas; temen perder sus privilegios y sus enormes fortunas, otrora fácilmente acumuladas y acrecentadas vía la plusvalía, en contubernio con los gobiernos anteriores.

De las recientes maniobras desestabilizadoras de la oligarquía boliviana, recordamos el anticonstitucional y falso referendo realizado el 4 de mayo en el Departamento de Santa Cruz, que gobierna el ultraderechista Rubén Costas. Este señor, junto con otros ricachos de la región más rica de Bolivia –que incluye, además del de Santa Cruz, los departamentos de Beni, Pando y Tarija-, han formado un “Comité Cívico” para el que han reclutado a golpeadores y provocadores de extrema derecha, cuyo objetivo más próximo es llevar a cabo en las próximas semanas la copia del referendo de Santa Cruz en sus respectivos departamentos.

En tanto ello ocurre, los llamados “cívicos”, no han permanecido quietos. El pasado 24 de mayo, el presidente Evo Morales realizaría un acto en el estadio “Patria” de la capital del país, Sucre, donde haría entrega de 50 ambulancias y mil viviendas para sectores populares. El evento tuvo que cancelarse debido a que los “cívicos” no sólo agredieron a las fuerzas policiales y militares, sino que secuestraron a una veintena de campesinos cuando se dirigían pacíficamente al lugar de la cita y se los llevaron, entre insultos racistas, patadas y golpes a palos, a la plaza de armas de Sucre. Ahí, fueron despojados de sus documentos y dinero, los forzaron a despojarse de sus ropas y, semidesnudos, los obligaron a arrodillarse y a gritar consignas contra el presidente de la República.

De estas cobardes y escandalosas agresiones y humillaciones perpetradas por la clase explotadora de Bolivia, tiene información y videos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), misma que ha condenado “enfáticamente” estas “agresiones de carácter racista y discriminatorio”, aunque, al final de su comunicado de prensa añade: “La CIDH recuerda que es obligación del Estado garantizar la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos, así como investigar los hechos en forma exhaustiva y sancionar a los responsables”. Como siempre, este órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), asoma las orejas y revela a qué intereses responde. Condena las agresiones contra los indígenas, como si sólo se hubiera tratado de un hecho aislado de discriminación racista, dejando a un lado el hecho de que los “cívicos” se fueron también contra las fuerzas del orden. No se trató, pues, de un acto de “violación de derechos humanos”, sino de un acto de provocación y rebeldía de la ultra derecha inscrito dentro de su campaña de desestabilización del gobierno elegido democráticamente por la inmensa mayoría del pueblo boliviano.

Ítem más. El recordatorio al Estado (a Evo Morales, se entiende) sobre su obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos, ¿no omite el hecho de que, precisamente por tratar de hacer valer los derechos de su pueblo, pisoteados y violados durante años, el Estado representado en la persona de Evo Morales, ha concitado el odio y la rebeldía de la ultra derecha de este país? ¿Qué mejor garantía quiere la CIDH que el hecho de que los pobres andinos, con su Presidente a la cabeza, estén librando una verdadera batalla por rescatar sus recursos naturales y por conquistar un reparto más justo de la riqueza social?

A quienes debiera condenar, no sólo la CIDH y demás organismos americanos e internacionales, sino todos los gobiernos y los hombres y mujeres comprometidos con la lucha de los más débiles, es a los Rubenes Costas que buscan, a como de lugar, seguirse haciendo de las utilidades que arroja la explotación de los recursos naturales -principalmente gas-, que tiene Bolivia. Esos y no “el Estado” boliviano son los verdaderos violadores de todos los derechos.