CRISIS ECONÓMICA Y ELECCIONES

Adriana Argudín Palavicini

Con un antecedente de 58 por ciento de abstencionismo en las elecciones intermedias del año 2003, inició este año la etapa final de lo que será el proceso electoral federal del 5 de julio –proceso intermedio también-, mediante el cual habrán de renovarse las 500 posiciones de la Cámara de Diputados. También en esa misma fecha habrá elecciones locales en varias entidades federativas en las que se elegirá gobernador, ayuntamientos y congreso local.

Este año inició también con una crisis económica mundial, que ha sido calificada por expertos como la crisis más aguda de toda la historia del actual modo capitalista de producción, y de la que, obviamente, tampoco se salvará nuestro país. La cifra actual de pobres en México, que asciende a setenta y dos millones, desgraciadamente se verá incrementada pues, según una encuesta realizada por el Banco de México sobre las expectativas de economistas del sector privado, los pronósticos para 2009 indican que habrá una mayor devaluación del peso, una caída importante en la generación de empleos (tan sólo en noviembre y diciembre del año pasado, de acuerdo con cifras oficiales, se perdieron 386 mil empleos), menores salarios, elevación de la inflación, menor captación de inversión extranjera directa y, de acuerdo con estadísticas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y de diversas organizaciones económicas del país, el crecimiento para México en este año será negativo: de menos 0.5.

Uno y otro factores –el abstencionismo y la crisis económica-, nos deben llevar a reflexionar, por un lado, en la veracidad de las virtudes que en su momento esgrimió el Congreso de la Unión al aprobar la reforma electoral a finales de 2007 y, por otro lado, en los efectos que causará entre la población los llamados a apretarse más el cinturón cuando los gastos para sostener el sistema de partidos siguen incrementándose y sus resultados son francamente pobres.

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), distribuyó ya los recursos aprobados para el financiamiento de los partidos políticos, mismo que asciende a un total de 3 mil 633 millones 067 mil 351 pesos, cantidad que habrán de utilizar los partidos en tres rubros: para gastos de precampañas y campañas, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y para sus actividades específicas.

Recordemos que uno de los argumentos centrales de la reforma electoral fue el de hacer menos onerosas las contiendas políticas. Sin embargo, las cifras publicadas por el propio IFE indican que muy poco o nada se logró en este sentido. Por el contrario, comparando los datos del financiamiento aprobado para los partidos políticos de los años 2006 y 2009, tenemos que el rubro de actividades ordinarias permanentes registra un incremento de 32 por ciento; el de actividades específicas, se incrementa en 107 por ciento, y el financiamiento para los gastos de campaña -que estuvo muy lejos de reducirse en 70 por ciento a través de la reforma electoral como lo prometió el Poder Legislativo-, registra una disminución de 28 por ciento, aunque ahora se agrega el gasto de las precampañas, cifra que queda un tanto oculta entre la enorme cantidad total del financiamiento. Baste decir aquí que de los ocho partidos que contenderán el 5 de julio, entre los tres principales, PAN, PRI y PRD se distribuirán el 64 por ciento del total asignado para gastos de campaña, correspondiendo al PAN la mayor cantidad: 228 millones de pesos (el 28 por ciento).

En lo económico, tenemos, por una parte, una enorme capacidad de producción y, por la otra, una población que se empobrece cada vez más, esto es, un mercado que se hace cada vez más pequeño. En lo político, también tenemos varias ofertas, pero también el mercado de votantes se ha reducido. En el transcurso de los últimos seis años, cinco partidos desaparecieron y se crearon dos nuevos; en las elecciones intermedias de 2003 contendieron once partidos, ahora lo harán ocho: seis de ellos que han logrado mantenerse en la arena política y dos nuevos que medirán su capacidad de convencimiento para no desaparecer después de este proceso electoral. La situación económica de la mayoría de los mexicanos ha empeorado también, en buena medida, por el hecho de que muy pocos de quienes han ocupado y ocupan un cargo de elección popular han resuelto, por lo menos en una cantidad y calidad mínimamente aceptables las demandas más sentidas de los ciudadanos. Y esto, sin lugar a dudas, ha venido influyendo -y la elección de julio próximo no será la excepción- de manera negativa en los resultados electorales. El descontento popular persiste y se está agravando cada día más, y con la terrible crisis económica cuyos estragos apenas comienzan, el panorama que se vislumbra será verdaderamente desolador: el hambre, el desempleo y las carencias de lo básico en materia de salud, vivienda, vestido, educación y servicios elementales (agua potable, luz eléctrica, drenaje, etc.) no mejorarán por mucho tiempo. Así las cosas, a los partidos políticos les ocurrirá lo mismo que ahora ocurre con las mercancías: no encontrarán suficientes “compradores”, es decir, electores.

¿Cuál es entonces la salida? En el terreno económico, hay que distribuir mejor el ingreso; y una de las vías más seguras para ello consiste en crear empleos, muchos empleos permanentes y bien pagados a fin de que la gente tenga con qué comprar y las empresas puedan vender sus mercancías y se reactive el mercado. En tanto esto no se haga y se siga con una política de empobrecimiento de las grandes masas, los mercados terminarán destruyéndose.

En el terreno político, es necesario que partidos, autoridades y ciudadanos tengamos claro que el voto no es la única expresión de la política: la democracia no empieza ni termina con ir a emitir nuestro voto. La democracia electoral debe complementarse con el derecho del pueblo a organizarse, a fin de que haya mayor libertad política, mayor posibilidad de participación concreta en la vida y en el gobierno del país a fin de alcanzar un verdadero bienestar para la inmensa mayoría de la población, pues en tanto persista un tripartidismo y se siga negando el pleno ejercicio de otras formas de participación de la ciudadanía, distintas y ajenas a los partidos políticos, las posibilidades de un estallido social no están, por desgracia, muy lejanas.