Y AHORA . . . ¡ALERTA SANITARIA!

Adriana Argudín Palavicini

Al embate de la crisis económica se suma ahora un nuevo peligro sobre nuestro país que, hasta el momento, se cierne sobre los habitantes del Distrito Federal y el Estado de México. Se trata del brote de una nueva cepa del virus de la influenza que hasta ahora –según fuentes oficiales- se ha comprobado como la causa de muerte en 20 de los 68 fallecimientos ocurridos en las semanas recientes, a lo que se agrega una cantidad de casi mil personas que pudieran estar infectadas. Lo nuevo con este tipo de cepa, dicen los expertos, es que está afectando a la población joven y a adultos jóvenes (que ha sido el caso de las lamentables muertes). El gobierno federal ha lanzado una alarma nacional entre la población y ha ordenado ciertas medidas para el D.F. y el Estado de México, entre otras, la suspensión de clases en todas las escuelas públicas y privadas de todos los niveles escolares, y el cierre de centros culturales y de esparcimiento. En los medios masivos de comunicación ha emprendido una campaña en la que, fundamentalmente, se manejan las medidas preventivas que debe adoptar la población para evitar el contagio de esta enfermedad respiratoria y para acudir a los centros de salud en caso de presentar los síntomas que la caracterizan.

A medida que han pasado las horas, la información se ha vertido con cierta lentitud y con algunas contradicciones. Así, no poca gente ha comentado –y criticado- el hecho de que no se detectara a tiempo el brote y el contagio y, en consecuencia, el retraso en declarar la alarma nacional. Se rumora que el problema se detectó desde el 13 de abril, pero que en virtud de la cercanía de la visita del presidente Barak Obama a México, se optó por no dar a conocer la noticia. También han sido claras algunas contradicciones tanto entre lo que sostienen las autoridades mexicanas correspondientes y lo que han declarado organismos internacionales de Salud, como entre las declaraciones de las propias autoridades mexicanas federales y locales, que han causado zozobra e incertidumbre entre la población.

De acuerdo con declaraciones del secretario de salud, José Ángel Córdova Villalobos, no hace falta vacunarse contra la enfermedad, sólo es necesario el tratamiento con antivirales, asegurando que el país cuenta con el medicamento adecuado y en cantidad suficiente. Pero, resulta que según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPE) de Estados Unidos, actualmente no existe la vacuna contra este tipo de virus dado que es un virus nuevo, además, han comprobado que este virus no reacciona a dos de los cuatro antivirales normalmente utilizados en Estados Unidos para aliviar esta enfermedad. Es válido, entonces, preguntarse si realmente contamos en el país con el antiviral adecuado, ¿no será que el secretario de Salud pretende sólo salir del paso? Por su parte, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, ha declarado que en el Distrito Federal este fin de semana se llevará a cabo una campaña masiva de vacunación. ¿Habrá encontrado la vacuna mágica para esta nueva cepa del virus o sólo se trata de una campaña mediática?

Lo cierto es que el problema sí parece ser delicado y así habría que decírselo a la población. Pero, ciertamente, el gobierno no las tiene todas consigo. Los estragos de la crisis económica que estamos padeciendo, pero, sobre todo, la falta de esperanza que aflige a más de la mitad de los mexicanos azotados por el flagelo de la pobreza desde antes de la llegada de esta crisis, con toda seguridad mantiene en alerta permanente al Estado ante la nada remota posibilidad de un estallido social. Hace ya tiempo que se sabe que en México la infraestructura de los servicios de salud es insuficiente y además de mala calidad. Se sabe, también, que en los presupuestos anuales que cada año aprueba el Congreso de la Unión no se otorgan los recursos necesarios y suficientes para hacer frente a la creciente demanda tanto de los servicios como de la creación de la infraestructura, que garantice brindar a la población y, sobre todo, a la población más desprotegida y debilitada, un servicio de salud de calidad, oportuno y gratuito. Y, ¿qué medidas realmente serias y eficientes se han tomado para revertir esta situación? Hasta donde nos consta, ninguna. Sólo a manera de muestra, diré que en el país sólo existe un laboratorio mexicano (Birmex) que produce la vacuna contra la influenza, cuya capacidad para producirla se reduce a tan solo ocho millones de dosis al año. En el Distrito Federal, de acuerdo con lo asentado en el segundo informe de gobierno de Marcelo Ebrard, el 46 por ciento de los capitalinos no cuenta con protección de seguridad social. Con estos datos, ¿es posible pensar que la población no se sienta agredida? Por supuesto que no.

El gobierno federal, en primerísimo lugar, pero también los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, debieran reflexionar seriamente y a la brevedad sobre los datos que están manejando tanto el CCPE como la Organización Mundial de la Salud y ponerse a trabajar a todo vapor. El peligro, aunque hasta el momento focalizado en la capital del país y en el Estado de México, no se reduce sólo a estos dos lugares. Como sabemos, se ha hablado de posibles brotes en otros estados y, solamente hablando del Distrito Federal, hasta un niño de primaria sabe que allí se trasladan a diario miles de personas de diferentes lugares del país por diversas razones. ¿Por qué, entonces, no se ha reunido el Consejo de Salubridad General, que es el órgano integrado por las autoridades de salud de todo el país y designado por nuestra Constitución como el encargado de emitir las disposiciones sanitarias para este tipo de casos?

Lo cierto es que estamos ante un nuevo flagelo que, para variar, está afectando a los mexicanos más pobres. Varias de las “acciones ciudadanas” que se han publicado para evitar el contagio están pensadas para la gente que tiene recursos económicos y condiciones para llevarlas a cabo. Quienes viven hacinados en cuartuchos pequeños, de materiales improvisados y sin ventilación; quienes apenas tienen unos cuantos pesos para llevarse un bocado a la boca o para trasladarse día tras día a sus trabajos; quienes no tienen dinero ni para comprarse una “similaspirina”; quienes carecen de los servicios de agua potable, drenaje, electricidad; en fin, quienes carecen de casi todo lo indispensable para llevar una vida digna y mínimamente saludable, ¿cómo podrán llevar a cabo tales acciones? Sería bueno que el Estado, encargado de brindar todo esto y más a sus gobernados, respondiera a estas interrogantes.